Una disposición adicional para zanjar la financiación
La propuesta de la formación de Puigdemont
En el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts presentado el jueves pasado aparece recogida la divergencia entre ambas formaciones sobre la financiación de Catalunya. Un asunto que se arrastra desde hace décadas y cuya posible solución se encuentra en el punto de arranque del procés, junto con la sentencia del Tribunal Constitucional del verano del 2010 contra el Estatut aprobada en el Parlament, en el Parlamento español y en referéndum por los ciudadanos de Catalunya.
En el pacto firmado con ERC, el PSOE asume una condonación de una parte de la deuda de la Generalitat con el Estado, a través del FLA, 15.000 millones de euros de un total de 73.100 millones. Pero para Junts eso no es suficiente.
Por eso en el pacto se hace constar que “Junts propondrá de entrada una modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan
El pacto de socialistas e independentistas no recoge ningún cambio en la financiación de la Generalitat
la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.
El texto, de entrada, deja claro las divergencias entre las dos partes. Junts pide una relación unilateral con el Estado que, según las fuentes consultadas, se materializaría mediante una disposición adicional en la Lofca como las que se utilizan para dejar fuera del sistema común al País Vasco y Navarra, las dos comunidades forales que tienen un pacto fiscal.
La otra reivindicación de Junts recogida en el documento y referida a la financiación es la de la cesión del 100% de todos los tributos catalanes, definición ambigua. La referencia a la simple cesión queda lejos de un pacto fiscal, en el que como se recoge en el Estatuto de Autonomía vasco, las competencias abarcan “la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos”.
La cesión recogida en la Lofca, en la actualidad, abarca el impuesto de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones. En estos casos, las administraciones autonómicas asumen la gestión, liquidación, recaudación e inspección. En el caso del IVA y el IRPF, el Estado ha cedido a todas las comunidades autónomas el 50% de su rendimiento, sin capacidad normativa en el primer caso y con limitaciones en el segundo. Teóricamente, el Estado podría seguir elevando el porcentaje de cesión sin alterar los fundamentos políticos del sistema fiscal. Finalmente, queda el impuesto de sociedades, 100% en manos del Estado, en términos de competencia y de regulación.
Respecto a las propuestas de Junts, el PSOE detalla en el documento de acuerdo entre ambas formaciones que “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”. Es decir, no abre la puerta a ninguna de las peticiones de la formación independentista y sí a la revisión del actual sistema de financiación autonómica, unánimamente considerado obsoleto por todas las administraciones y cuya vigencia teórica venció en el año 2014.c