Los jueces dudan de que Puigdemont se beneficie a corto plazo de la amnistía
Los diputados admiten que la aplicación de la ley será ardua y compleja
“Lo difícil de la amnistía va a venir una vez se apruebe la ley en el Boletín Oficial del Estado”. Con este pesimismo se expresa una fuente parlamentaria de uno de los grupos que han apoyado el texto definitivo aprobado el jueves en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, para su pase al pleno la semana que viene. Aquellos que defienden esta medida – para lograr la normalización de Catalunya o para sacar los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez– son conscientes de que la vuelta de Carles Puigdemont a España con la garantía absoluta de quedar libre de polvo y paja no va a ser inmediata.
Hasta el último momento su partido ha intentado apuntalar al máximo el texto para que el expresidente catalán pueda acogerse a la amnistía y regresar a España, como tarde en otoño. Sin embargo, diversas fuentes del poder judicial consultadas vaticinan que ese camino no será tan sencillo. Desde las formaciones independentistas defienden que en cuanto la ley sea aprobada, se tendrán que alzar las medidas cautelares fijadas, incluidas la del líder de Junts, y ya no habrá nada que les impida estar en España sin temor a ser arrestados.
Esta postura está bien planteada respecto de la causa que Puigdemont y otros exconsellers del Govern que convocaron el referéndum del 1 de octubre del 2017 tienen abierta en el Tribunal Supremo. Respecto de Puigdemont pesa una orden de detención nacional, lo que significa que si entra en España, será detenido de manera inmediata. Fuentes del Alto Tribunal confirman que esa orden quedaría levantada, en base a lo que está articulado en el borrador de la ley.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no archivará las causas de manera inmediata. Lo primero que hará es analizar la ley e interpretarla para saber si tanto la causa del procés como la de Tsunami Democrátic son amnistiables. El propio texto reconoce que es la labor del legislador fijar los términos de la ley y del poder judicial interpretarla para saber quién se puede acoger a ella. La norma recoge delitos y hechos que deben ser amnistiados, pero no personas.
En la causa del procés, el delito imputado es el de malversación de caudales públicos.
En la anterior legislatura de Sánchez ya se modificó este delito a la vez que derogó el de sedición para intentar rebajar al máximo las penas del 1-O. Sin embargo, el Supremo lo interpretó de manera distinta a la intención del legislador. Determinó que no se puede desgajar la falta de ánimo de lucro de este delito. Lo que ha hecho ahora el PSOE junto a Junts y ERC es volver a marcar la doctrina del Alto Tribunal y recoger que serán amnistiados todos los delitos de malversación que no conlleven un enriquecimiento personal. Esta expresión tendrá que volver a interpretarla el Supremo y fijar a qué se refiere tal enriquecimiento y si Puigdemont lo tuvo al usar fondos públicos para financiar el procés.
La segunda causa que afecta al expresidente es la abierta por un delito de terrorismo por ejercer un “rol de liderazgo” en Tsunami Democràtic, organizadora de las protestas contra la sentencia del procés y que llegó a provocar fuertes disturbios en el aeropuerto de El Prat en octubre del 2019. Fuentes del Alto Tribunal explican que tal y como está contemplado el texto de la amnistía, el delito de terrorismo por el que está investigado Puigdemont estaría dentro de las exenciones de la ley. La causa seguiría adelante.
Fuentes jurídicas explican que ahora la instructora designada deberá analizar toda la documentación remitida por el juez de la Audiencia Nacional que inició la causa, Manuel García-castellón. Una vez estudiada, procederá a ofrecer al expresident que declare voluntariamente. Al ser aforado por su condición de eurodiputado, no está obligado a presentarse. En este caso, el Supremo deberá remitir un suplicatorio al Parlamento Europeo para que autorice proceder contra un miembro de la Cámara. Se da la circunstancia que hay elecciones en junio, pero estas fuentes explican que Puigdemont no perderá la inmunidad a excepción de que no se presente y entonces ocupara su silla otro diputado. Si se vuelve a presentar, el suplicatorio será obligatorio.
Solo en el hipotético caso de que el Supremo tuviera dudas sobre la aplicación de la amnistía debería acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una cuestión prejudicial. Fuentes del tribunal de garantías explican que estas cuestiones podrían dejar en suspenso la aplicación de la amnistía durante un largo periodo, convirtiendo su efectividad en un proceso arduo y complicado. Así, indican que la norma estable
El Supremo analizará si la amnistía es aplicable a la malversación en el caso del ‘procés’ y al terrorismo de Tsunami
cida hasta ahora es que el TC no entre a valorar la ley hasta que Europa se pronuncie, lo que podría trasladar la resolución del conflicto judicial meses o incluso años.
Esta nueva fase no comenzará hasta que se apruebe definitivamente la ley. Una vez que la semana que viene supere el trámite del pleno del Congreso, el texto debe ser remitido al Senado, y de ahí volver al Congreso para su aprobación final. Fuentes parlamentarias calculan que su publicación en el BOE podría ser en junio. ●