Casi 7.300 mayores con covid murieron abandonados en residencias de Madrid
Un informe estima en 4.000 los que habrían sobrevivido de haberlos hospitalizado
7.291 personas murieron entre marzo y abril del 2020 en las residencias de Madrid, durante la primera ola de la covid. 7.291 personas, que además fallecieron de la manera “más horrible” posible, según una trabajadora: asfixiados, ahogados, deshidratados, sin sedación y solos, muy solos, sin poder despedirse de la gente a la que querían.
Cuatro años después, las familias de esos 7.291 muertos siguen a la espera de que se investigue lo que ocurrió en esos centros. La Fiscalía de Madrid no lo considera necesario, aunque perduran las sospechas de que se vulneraron derechos por parte de la administración regional. También el de denegación del deber de socorro, un delito tipificado en el Código Penal.
Quienes sí lo han hecho han sido las asociaciones de familiares que encargaron a un grupo de expertos que investigara lo ocurrido (la comisión creada en la Asamblea de Madrid decayó tras las elecciones del año pasado y el Gobierno de Ayuso rechazó recuperarla). Y así surgió una comisión ciudadana, presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.
Tras diez meses de intenso trabajo, esta comisión ha hecho público el informe con conclusiones claras: los mayores de las residencias fueron abandonados por la Comunidad de Madrid, que a través de un protocolo estableció que los infectados de la covid con dependencia física o cognitiva no fueran derivados a los hospitales.
A cambio se prometía que las residencias iban a ser medicalizadas (lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid). Pero la realidad es que nunca lo fueron y los residentes murieron en esos espacios de la manera “horrorosa” que relató la mencionada trabajadora. Sus cuerpos aparecieron en las habitaciones y por distintas estancias de las residencias, relata el informe.
La presidenta Ayuso indicó hace unas semanas que esas personas iban a morir de todas maneras, algo que el informe desmiente: los mayores que fueron derivados a los hospitales durante los meses de marzo y abril del 2020 tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65%, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que “más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida”, explicó Fernando Lamata, médico y experto en gestión sanitaria.
Lamata dio más datos que demuestran la orden de no derivación: el número de traslados a hospitales pasó de 120 diarios a una media de 65 entre el 7 y el 31 de marzo, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido en la situación que se estaba viviendo. “Hubo un cierre en las derivaciones que tuvo un impacto en un exceso de muertes”, apuntó Lamata.
Y el problema es que había camas, ya que, aunque no se medicalizaron las residencias, se montó un hospital provisional en Ifema con más de 1.300 camas y 3.000 profesionales, a donde solo se trasladó a 23 residentes (leves) de centros públicos. En el periodo de funcionamiento del hospital de Ifema fallecieron más de 5.000 personas en residencias “sin recibir atención médica”, señala el citado trabajo.
Durante la pandemia, se atendieron en hospitales privados de Madrid a alrededor de 8.000 pacientes derivados y financiados por la Consejería de Sanidad. Esos pacientes se derivaban desde los hospitales, pero no se permitió
“Los mayores murieron de forma horrible: asfixiados, ahogados, sin sedación, solos”
trasladar a los que estaban en residencias, salvo que tuvieran un seguro privado.
“A pesar de que se publicitó que el sistema público-privado unificado funcionaría como un solo hospital que salvaría muchas vidas, lo cierto es que entre ellas no se encontraban las de las personas mayores sin seguro privado”, señala el informe.
¿Y los hoteles? Se medicalizaron 14 hoteles con 1.036 camas. En el momento de mayor ocupación se utilizaron 836 camas. “No se autorizó la derivación de ningún residente a estos hoteles”, señala.
Algo que sí autorizó la Comunidad de Madrid fue que el personal sanitario del Samur (emergencias) “acudiera a prestar atención sanitaria a Castilla y León”, pero no consta que Madrid solicitara ayuda a otras comunidades para atender las residencias, medicalizarlas o ampliar la dotación de Ifema. Si se hubiera hecho, defiende la comisión, “se hubiera podido atender adecuadamente a los pacientes de las residencias”.
De este modo, señala el citado informe, “las personas que tenían su casa en los centros residenciales vieron menoscabados sus derechos fundamentales de forma grave: el derecho a ser tratados dignamente, el derecho a la vida, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar, a no ser discriminados por su edad, por su discapacidad o por enfermedad”.
Los miembros de la comisión denuncian asimismo que el Gobierno regional infringió el derecho a la atención sanitaria y vulneró el derecho a la vida al “reducir drásticamente los traslados de pacientes desde las residencias a los hospitales” en el mismo periodo, “sin haber previamente medicalizado” dichos centros.
Por todo lo expuesto, el informe establece que “el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo”.
Y la Comunidad de Madrid, ¿qué dice? La consejera de Sanidad, Fátima Matute, indicó que le produce “un profundo sentimiento de tristeza” que se cuestione el trabajo realizado durante la pandemia en las residencias de ancianos y censuró que se trate de “retorcer el dolor y utilizarlo de una forma además que no ayuda a nadie”. Matute defendió el trabajo “impecable” que se realizó en Madrid para tratar de salvar vidas en una situación “que desbordó a todos”. Matute olvida, sin embargo, que son las familias las que buscan respuestas.
Pese a que había camas en Ifema, en los hoteles medicalizados y en los hospitales privados, no los derivaron