Anfibología de Santiago Pedraz

Está la sociedad digital en armas – a favor y en contra– por el cierre cautelar de Telegram que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado aplicar a las operadoras de redes. El magistrado se ha enfadado con la empresa porque lleva casi un año pidiendo que identifique a usuarios que presuntamente comparten contenidos violando la propiedad intelectual y la compañía, residenciada en las Islas Vírgenes, le viene contestando, por resumirlo en la lengua ad hoc, “jaja pa k kieres saber eso salu2”.

Esta impotencia para perseguir judicialmente las violaciones de la propiedad intelectual es tan vieja como internet y provocó más de una década de litigios que terminaron en cambios severos en la legislación. En el caso español, trajo la aprobación, a principios del 2011, de la controvertida ley Sinde. La irritación que causó la ley entre los nativos digitales fue de tal envergadura que, aunque la mayoría lo han olvidado –y otros han procurado que se olvide–, es el desencadenante del 15-M, que se larvó en foros y agregadores digitales durante meses antes de emerger como una formidable rebelión generacional en la Puerta del Sol.

Pero, si la distribución de propiedad intelectual ajena es una clara violación de derechos comerciales, ¿por qué hubo que cambiar las leyes para poder perseguirla? Esa es la cuestión central. Pues porque no todos los derechos tienen igual jerarquía constitucional, y el derecho a la información, el secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión son derechos del título primero y por tanto son preeminentes respecto a los derechos comerciales. A efectos constitucionales, una web es una publicación y por tanto está protegida por ese título primero de la Constitución. Dicho de otro modo, cerrar un periódico en una democracia liberal es muy difícil, hasta el punto de que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tuvo que ponerse creativo –por decirlo con cortesía– para cerrar Egin y Egunkaria.

Pero los oligopolios que operan nuestra vida digital –Telegram, como todos los demás– abusan de su condición global y de la posibilidad de burlar, mediante nodos operados fuera de un país, cualquier jurisdicción estatal. Así que Pedraz está garzonizando su jurisdicción, por así decir, para plantar cara a una compañía que da servicio a ocho millones de españoles, suspendiendo cautelarmente sus operaciones en España, en tanto atiende sus requerimientos.

Que pueda hacerlo no es debate, puesto que lo está haciendo. Que deba es otra cosa. Hollamos el terreno espeso de la legitimidad. No hay que olvidar que este David que pretende hacer hincar la rodilla a Goliat no actúa en el marco de una operación antiterrorista para protegernos a todos, sino en defensa de los intereses de grandes conglomerados que operan los derechos del fútbol y a los que sisan por Telegram. En la balanza, las comunicaciones de todos y el robo a los mercaderes, cerrar las fronteras buscando tabaco de contrabando. Quizá sea esta la mejor batalla por la peor causa. ●