¿Y la financiación? Palabras sin fondos
Carles Puigdemont asegura que si ha sido posible la amnistía, es posible un referéndum. La máxima sanchista de hacer de la necesidad virtud es un campo sin puertas para los discursos de los independentistas del 12-Mque ahora el Gobierno se apresura a vallar. No se negocia nada “divisivo” ni fuera de la Constitución, repite el coro ministerial. Y, aun así, al margen de las invocaciones de ERC y Junts al referéndum y tareas por culminar, no hay quien se aventure a garantizar una nueva financiación para Catalunya. Ni los candidatos ni el Gobierno.
Puigdemont se ofrece como nueva fuerza motora de la negociación con el PSOE, Pere Aragonès ve una ventana de oportunidad para su financiación singular, y ambos esgrimen agravios comparativos con la ejecución presupuestaria de Madrid… Salvador Illa se aferra a la concordia y la legalidad. Hasta ahí.
El actual sistema de financiación autonómica lleva una década caducado, el doble que el Consejo General del Poder Judicial, y ningún Ejecutivo ni partido se ha ruborizado por el incumplimiento de leyes orgánicas y estatutos. Las arcas autonómicas llevan camino de volver a agonizar con las nuevas reglas europeas, y el compás de espera se somete a intereses partidistas y el calendario electoral.
Cuando el 7 de noviembre del 2007 José Montilla alertó en los salones del Ritz de Madrid de la desafección catalana creciente, un empresario respondió “eso se arregla con dinero”. Estaba en marcha la negociación del sistema de financiación y, en cumplimiento del Estatut, del consorcio tributario entre el Estado y la Generalitat. Hasta se puso fecha, agosto del 2008, y un primer objetivo: la gestión del IRPF.
Detrás debían llegar el IVA, los impuestos especiales y el de sociedades. El acuerdo llegó con un año de retraso –julio del 2009– y el consorcio, avalado por el Tribunal Constitucional, sigue en el limbo y es rechazado por los inspectores de Hacienda. Cualquier singularidad es inconstitucional, y cumplir el Estatut, sostienen, favorece el fraude. No hay tercera vía sin choque político y en el seno de la propia Administración del Estado.
La ministra de Hacienda alega que la reforma necesita de la participación del PP. Es un falso escudo. El voto en el foro autonómico no es vinculante, y los barones populares se han acostumbrado a manifestarse en contra, denunciar desigualdades siguiendo la disciplina de partido, bajar impuestos al estilo Esperanza Aguirre y, a continuación, pasar el platillo para no perder ni un euro pensando en las finanzas de su comunidad.
El candidato Illa sostiene que ERC y Junts “ni se han sentado a la mesa” para hablar de financiación durante los años del procés y solo él está “en condiciones de negociar una financiación justa y efectiva”. Los independentistas sí lo incluyeron en sus acuerdos para investir a Pedro Sánchez. ERC pactó con el PSOE una comisión bilateral para lograr “una financiación adecuada” teniendo en cuenta “las singularidades” del autogobierno catalán: Mossos, órganos judiciales, prisiones… Y Junts dejó por escrito que aspira a una modificación de la ley que incluya la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Catalunya. La cita electoral ha ajustado los discursos. Aragonès vuelve al pacto fiscal de Artur Mas del 2012 y Puigdemont, a su 2017.
El diagnóstico sobre el sistema acumula polvo en los cajones. Es “injusto” y “poco transparente”, según los expertos, altera la posición de Catalunya en el ranking de financiación per cápita, no pondera la población, ni el coste diferencial, ni la población en riesgo de exclusión ni el esfuerzo fiscal… Ni cumple el Estatut.
Ni los candidatos ni el Gobierno se aventuran a prometer un nuevo sistema para Catalunya
Lo que está por ver es el margen de maniobra de un Gobierno dependiente de Junts y ERC en función del resultado electoral en Catalunya. Con el PSC en la Generalitat de la mano de ERC, Montilla se plantó: “José Luis, los socialistas catalanes te queremos mucho, pero aún queremos más a Catalunya”. Provocó una crisis con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Moncloa reclamó “lealtad” a Montilla. “Lo que pide Catalunya es justo y necesario. No podemos asfixiar el país”, respondió.