Nuevas multas a la mayor trama de pisos turísticos ilegales de Barcelona
La red trata de vender la finca de la Ribera donde los inquilinos la acusan de ‘mobbing’
El Ayuntamiento de Barcelona redobla su presión sobre la mayor trama de pisos turísticos ilegales detectada en la ciudad. Tras arrancar a finales de año la tramitación de una sanción récord de 600.000 euros al presunto cerebro de esta red con más de 70 apartamentos en el Eixample y Ciutat Vella, la dirección de los servicios de inspección municipales está poniendo su punto de mira sobre los colaboradores de este entramado, en sus inquilinos fantasma. Hablamos de una quincena de multas de carácter coercitivo de 10.000 euros cada una.
Los inspectores argumentan que desde hace años esta gente se hace con viviendas que dividen en apartamentos que ofertan por días a través de plataformas de alquiler vacacional. Y, cuando los inspectores emiten sus advertencias de sanción, responden que el apartamento está alquilado por otra persona, que el responsable del subarriendo a turistas es su inquilino, que aquí está el contrato que lo demuestra... Algunos de estos inquilinos fantasma viven en el extranjero, pero tienen varios pisos alquilados en Barcelona.
Tras la incoación de aquella multa récord, vecinos de las fincas donde se encuentran los apartamentos de la trama aseguraron que seguían cruzándose con turistas. Esta gente suma ya 88 órdenes de cese de la actividad. “Una vez finalice la tramitación de las multas, evaluaremos su efecto, si la actividad ilegal ha cesado –abundan los inspectores del Ayuntamiento–. Entonces valoraremos la oportunidad de imponer más multas o recurrir al precinto de los pisos”. El problema es que estos multiinfractores están muy profesionalizados, no se amedrentan ante la administración, se aprovechan del carácter garantista del sistema. De hecho, el Ayuntamiento aún ultima la tramitación de las interminables alegaciones que presentaron a aquella multa de 600.000 euros.
Pero la presión tiene sus efectos. Esta gente trata ahora de librarse de algunos de los apartamentos que, según los propios inspectores, les venían unos dos millones al año. Y sobre todo esta gente quiere librarse del 16 de la calle Giralt el Pellisser. Al final se les atragantó este caramelo tras el mercado de Santa Caterina. Lo compraron la pasada primavera por 1.600.000 euros. Y desde entonces los inquilinos los acusan de mobbing inmobiliario, de intentar echarles de los pisos para convertirlos en apartamentos turísticos ilegales, para hacer lo mismo que ya hicieron en las fincas colindantes... “Seguimos viendo turistas entrando y saliendo con maletas, pero de un modo más discreto”.
Tal y como detalló La Vanguardia en otras ocasiones, luego de que el Ayuntamiento detuviera unas obras de reforma ilegales que dejaron el inmueble marcado por unas inquietantes grietas, unos cuantos supuestos ocupas se instalaron en dos de los pisos. Y una mañana el cable de la antena de la televisión amaneció cortado. En las escaleras, los insultos y las amenazas se tornaron cotidianos. Algunos de estos supuestos ocupas incluso reconocieron a los vecinos que estaban allí para fastidiarles, para hacer que se largaran, que ya lo habían hecho otras veces. Y un informe de los bomberos concluye que las sucesivas inundaciones que arruinaron unos cuantos techos y paredes fueron intencionadas, que son un indicio de acoso inmobiliario.
“Y de repente –siguen los vecinos–, hace poco, cuando ya eran diez, cuando hasta se habían puesto a alquilar camas, cogieron su microondas y se largaron”. Tanto trajín espantaba a los posibles compradores de la finca. ¿Quién va a gastarse dos millones en un bloque a medio reformar, señalado y con bichos? Bichos es el modo de referirse en el sector a inquilinos que no quieren marcharse. Los de aquí acaban de descubrir unos trabajos realizados desde la finca de atrás. Sospechan que tratan de abrir un hueco para un ascensor. En círculos inmobiliarios dicen que sí, que es una finca atractiva, pero que está considerada como problemática. Uno de los anuncios de venta detalla las fechas en las que expiran los contratos de alquiler de los vecinos.
Además, esta historia devino ya en cuestión política. A santo de todo esto, el gobierno municipal y los ediles de ERC suscribieron un pacto para frenar el acoso inmobiliario en Barcelona. El propio Oriol Junqueras visitó a los inquilinos afectados. El problema es que la actuación del Ayuntamiento ante el acoso inmobiliario se antoja más bien errática. Demostrar estas prácticas es más complicado que probar el alquiler turístico ilegal de una vivienda. Y el paso del tiempo siempre perjudica más a los inquilinos. Son ellos quienes a la postre llevan siempre las de perder, quienes pierden el sueño.
El caso ya está en los juzgados, pero en una fase preliminar. Estas diligencias son siempre lentas. Y fuentes municipales señalan que mientras haya una causa penal abierta, el Ayuntamiento no puede arrancar un proceso administrativo por el mismo motivo. El Consistorio dispone de herramientas para poner multas de hasta 900.000 euros por acoso inmobiliario, pero estos procesos raramente concluyen en una sanción efectiva. En estos momentos, diversas áreas municipales tratan de dilucidar qué estrategia adoptan. Los vecinos están estos días tras la marcha de los supuestos ocupas mucho más tranquilos, pero a ratos se sienten desamparados. Tienen la sensación de que sobrellevar tantos padecimientos durante un año y pico será en vano. “A veces estamos tan cansados, que por un momento piensas que teníamos que haber cogido esos 3.000 euros que nos ofrecieron por irnos en menos de 15 días. Pero tenemos nuestra vida en este barrio. No nos queremos marchar. ¿Es que en esta ciudad amargarle la vida a la gente sale gratis?”. ●
El Ayuntamiento sanciona ahora a los colaboradores que supuestamente hacían de pantalla
Los vecinos denuncian que quieren echarles para hacer de sus pisos más apartamentos para turistas