El TSJC avala que el Gremi impugne las últimas restricciones a las terrazas
Último episodio de la guerra en torno a las limitaciones en las zonas más ruidosas
Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avala que el Gremi de Restauració de Barcelona emprenda acciones legales colectivas contra las restricciones horarias al funcionamiento de terrazas y negocios interpuestas por el Ayuntamiento de Barcelona en determinados puntos de la ciudad. No se trata de una cuestión baladí.
El Gremi de Restauració y el Consistorio mantienen un intenso rifirrafe a santo de esta cuestión desde hace un año y pico. Porque si el Gremi no puede plantear demandas colectivas, queda en entredicho entre sus propios agremiados, entre quienes pagan sus cuotas, y también entre el resto de profesionales del sector: ¿para qué sirve si no puede defenderte? En este lance el Gremi se jugaba buena parte de su razón de ser.
Y si el Gremi no puede actuar en los tribunales en nombre de los suyos, ha de hacerlo cada restaurador afectado a título individual. Y enfrentarse así a la administración siempre resulta agotador, desesperante, costoso… Y a la larga uno lleva las de perder. “Entendemos – dice el fallo del TSJC– que el Gremi tiene legitimación para impugnar el acto administrativo de restricción horaria para el ejercicio de la actividad de restauración que puede ocasionar un perjuicio a cualquier restaurador actual o que pudiera desarrollar la actividad en el futuro”.
El último episodio de la guerra judicial entre los restauradores y el Consistorio deriva de las restricciones horarias al funcionamiento de terrazas interpuestas en el anterior mandato por el gobierno de la entonces alcaldesa Ada Colau, a fin de apaciguar las crecientes quejas vecinales ante la saturación del espacio público y de garantizar el descanso y la tranquilidad de la gente, en la calle Enric Granados, cinco plazas de Vila de Gràcia, los puntos más bulliciosos del Raval y el Gòtic, y los jardines de la Mediterrània, en SantsMontjuïc. Y también, ya con el socialista Jaume Collboni como alcalde, en la zona del triángulo golfo, en Sant Martí. Hablamos de medidas concretas, no de disposiciones generales.
Entonces el Gremi atacó judicialmente estas restricciones por partida doble, en nombre propio, como cualquier otra organización que batalla por los intereses de los suyos, y también en nombre de los negocios directamente afectados.
Ello comportó una duplicidad de procedimientos: el mismo asunto acabó en la mesa de dos jueces distintos. Y el Ayuntamiento respondió en cada uno de los pleitos en los que se personó el Gremi que únicamente los afectados pueden tratar de impugnar sus decisiones, que han de hacerlo a título individual, uno por uno, aduciendo principalmente, como puede leerse en la sentencia, que el Gremi “no tiene legitimación activa para interponer este recurso contencioso-administrativo porque estamos ante un acto administrativo y no ante una disposición general”. En realidad, tampoco se trata de una postura tan descabellada. Y no pocas asociaciones vecinales aplaudían las restricciones municipales.
Pero el TSJC entiende que atendiendo la reclamación del Gremi también se facilita la defensa de futuros afectados, de cualquiera que pretenda montar un negocio en las zonas afectadas. “No estamos ante una disposición general –recoge el TSJC–, pero sí ante un acto plúrimo que afecta a todos los restauradores que desempeñan su actividad en la zona afectada, por lo que aunque no se está ante una disposición general, se está ante un acto de alcance general”. Entretanto, el Ayuntamiento ultima el correspondiente recurso de casación. ●
Una sentencia legitima al lobby de la restauración a poner demandas colectivas contra el Ayuntamiento