Migraciones, fe y política
Ha habido migraciones desde los inicios de la humanidad y han supuesto el encuentro de los pueblos y el nacimiento de civilizaciones. Eso es normal, dado que el ser humano va buscando la manera de vivir en mejores condiciones. Por eso se mueve y se ha movido por toda la Tierra, con más o menos restricciones según el lugar o el momento.
Según el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, en el mundo hay 7.800 millones de personas, de las cuales 280,6 millones son migrantes, es decir, el 3,6% de la población. Este dato es importante para analizar y atender este fenómeno, ya que las diferentes culturas nunca habían interactuado tanto, físicamente, por la presencia de personas de otras culturas y, virtualmente, por los medios de comunicación y las redes sociales. Eso nos habla de un mundo muy interconectado, en el cual no se puede entender la migración al margen de la globalización.
Estos datos nos muestran el perfil de muchos hombres y mujeres que se marchan de la tierra que les ha visto nacer, buscando otros horizontes y haciendo frente muy a menudo a condiciones inhumanas. En esta reflexión, que parte de la presuposición que todo migrante es persona plenamente digna y titular de derechos fundamentales, queremos hacer una breve aproximación a la situación jurídica y legal de los migrantes, compartiendo algunas de las reflexiones de Luis Donaldo González Pacheco en el artículo Las migraciones en la propuesta más actual de la Doctrina Social de la Iglesia.
Las causas y los contextos de las migraciones son diversos, pero todos apuntan a la búsqueda de una mejor calidad de vida, seguridades y oportunidades que en los lugares de origen, que en muchas ocasiones pueden ser muy peligrosos por causa de guerras o persecuciones políticas.
Una primera distinción necesaria para aclarar los términos es entre los migrantes regulares y los que se encuentran en situaciones irregulares. Los primeros tienen un reconocimiento legal dentro del país receptor. Sin embargo, se puede distinguir dos grupos: a) aquellos que por su éxito profesional, riquezas o afinidades culturales son aceptados sin muchas dificultades por la comunidad receptora; b) aquellos que luchan por obtener un estatuto jurídico que los ampare para permanecer en el país que los recibe (por ejemplo, por razones humanitarias). Los migrantes irregulares, casi todos pobres, son personas que consiguen entrar de forma más o menos subrepticia en un país y se establecen sin ningún reconocimiento jurídico o autorización que los ampare.
Los migrantes irregulares son los que más sufren, al quedar desprotegidos y sin posibilidad de firmar contratos, acceder a la seguridad social, ni tener cuentas bancarias, entre otros factores o seguridades negadas por razón de su condición irregular. Eso los sitúa en la primera línea de riesgo frente a la explotación, la trata, el abuso, el tráfico y todo tipo de injusticias. Como dificultad añadida está el hecho de dejar atrás, a veces, una familia y de buscar oportunidades para ella, esperando poder reagruparse algún día y enviándole, mientras tanto, recursos económicos. En el caso de las mujeres, se añaden vulnerabilidades y presiones sociales adicionales.
Con todo este entramado, desde la perspectiva de las migraciones, la Doctrina Social de la Iglesia (DSE) mira hacia la cooperación y la paz: “Crear condiciones concretas de paz .... significa comprometerse seriamente ante todo con el derecho a no migrar, es decir, a vivir con paz y dignidad en la propia patria”. Afirmación que implica una “atenta administración local o nacional, un comercio más equitativo y una cooperación internacional más solidaria” (Juan Pablo II, Jornada Mundial del migrante y del refugiado, 2004).
El llamamiento que hace la DSE sobre el tema de las migraciones se podría sintetizar en los cuatro verbos utilizados por el papa Francisco en el Fúrum Internacional sobre Migraciones y Paz de febrero del 2017: “acoger, proteger, promover e integrar”. Se detecta la labor de la Iglesia para reconocer a todo ser humano como Hijo de Dios y la predilección por los pobres mandada por Jesucristo y englobada en la obligación moral de la solidaridad.
De todos modos, no se puede obviar la situación y los recursos de los países receptores, donde también hay gente vulnerable y donde las infraestructuras de ayuda no siempre dan abasto para atender necesidades elementales, especialmente cuando los flujos de llegada superan la capacidad de atención. Eso plantea problemas sociológicos importantes, exasperados o menospreciados por intereses políticos de diferentes signos, y que van ocupando un lugar relevante en los debates europeos actuales. Insistir solo en el acogimiento y renunciar a actuar en las causas en los países de origen -como habría que hacerlo en un mundo globalizado y solidario, y como lo preconiza la DSE- complica las perspectivas, porque solo trata una parte del problema. ●