Bioética teme por los derechos de los hijos de personas que son padres sin ser pareja
Publica un informe sobre coparentalidad y sitúa el interés del menor en el centro
El Comité de Bioética de España (CBE), adscrito al Ministerio de Sanidad, ha publicado un informe sobre el modelo de la coparentalidad. Concretamente, de la coparentalidad contractual previa a la concepción (que denomina coparentalidad CPC), que se refiere a una situación en la que dos personas –o en ocasiones más de dos– entre las que no existe ninguna relación afectivo-sexual deciden tener un hijo en una crianza en común, previa firma de un acuerdo en el que se establecen las responsabilidades, obligaciones y los derechos que corresponderán a cada cual y los parámetros en los que se llevarán a cabo los cuidados y la educación.
El documento, que lleva por título Sobre coparentalidad contractual previa a la concepción. Reflexiones y recomendaciones 2024, establece nueve recomendaciones. Llama la atención la cuarta, donde se subraya que la lógica del mercado no debe convertir al hijo o hija en un “bien de consumo”.
“En ningún caso la lógica del mercado en la que se incardinan las agencias intermediadoras, según la cual todo puede ser objeto de intercambio por un precio, debe desdibujar la responsabilidad parental ni convertir al hijo o la hija en un bien de consumo”, reza la recomendación.
El comité no se muestra para nada contrario a este nuevo modelo, del que dice que no es muy frecuente en España todavía. Simplemente, como reza el informe, pretende “proporcionar a la ciudadanía herramientas para una comprensión informada de la coparentalidad y sus implicaciones, confirmando la necesidad de establecer marcos éticos y legales sólidos que definan los derechos, deberes y responsabilidades parentales y salvaguarden el bienestar de las personas menores involucradas”.
Y todo ello lo hace, apunta el escrito, “en un contexto en el que las definiciones tradicionales de familia están en revisión” y en el que “la coparentalidad CPC emerge como una alternativa que presenta tanto desafíos como oportunidades que requieren información veraz, libre de sesgos e intereses de parte y un abordaje responsable y claro que identifique las posibles repercusiones para las personas menores nacidas en esta configuración familiar y posibilite su comprensión sin malentendidos ni prejuicios”.
Para Anaïs Barcelona, psicóloga general sanitaria infantojuvenil y perinatal, todo lo que suponga “poner los derechos del menor por encima de todas las otras consideraciones” es positivo. Defiende que las personas tienen todo el derecho de ser padres, “pero por encima de ese derecho está el del hijo”. En este sentido, lamenta que a veces lo que concierne a este último no se tiene en cuenta, y pone como ejemplo la maternidad subrogada. “En este modelo, que no es legal en España, prima para mi el deseo de ser padre por encima del derecho del niño”, sostiene.
Explica que ella ya ha conocido algún caso de coparentalidad CPC y, en consecuencia, entiende que “es bueno regularlo” al estar llegando este modelo a España. Lo que no le gusta tanto es que haya una agencia que ejerza de intermediaria y que obtenga un lucro de ello. “Es verdad que actúa a modo de Tinder para conectar a dos personas que quieren ser padres, pero no sé si es necesaria su participación para ello. No tengo nada en su contra, pero no me convence esa intermediación”.
En su informe, el CBE subraya que “el interés superior del niño es el criterio axiológico principal”, y realiza otras recomendaciones, como el deber de “reforzar la responsabilidad parental en los acuerdos de coparentalidad”. Manifiesta a su vez que el deseo de ser padres “no debe perder de vista la subjetividad de la persona menor ni limitar su desarrollo físico, psíquico y emocional, a riesgo de debilitar su autoestima y lesionar su dignidad, autonomía e identidad” y sugiere “deslindar estos acuerdos de coparentalidad de los denominados convenios sobre custodia compartida”, al situarse estos últimos en el “marco de una ruptura de convivencia de una pareja con hijos ”. ●
“En ningún caso la lógica del mercado debe convertir al hijo en un bien de consumo”, reza el texto
El Comité pide establecer unos marcos éticos y legales de un modelo poco frecuente en España todavía