La Generalitat duplica el número de municipios con alquileres limitados
El Ministerio de Vivienda busca incentivos para que más autonomías se sumen al control
Un mes después de la entrada en vigor del control de alquileres, la Generalitat anunció ayer que duplicará el número de municipios en que se aplica. El Departament de Territori ha iniciado los trámites para incorporar 131 poblaciones a la lista de zonas tensionadas, lo que dejará el total en 271 localidades, donde viven más de siete millones de personas, el 90% de la población catalana. Por su parte, el Gobierno estudia medidas para tratar de incentivar a otras comunidades autónomas para que sigan el ejemplo de Catalunya y se adhieran a la norma.
La Generalitat aplicará la medida ahora en todos los municipios de más 2.000 habitantes que cumplan con los requisitos que marca la ley estatal por el derecho a la vivienda. Es decir, que las personas residentes dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, o que el precio de alquiler o compra en la localidad haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.
En la nueva lista se han incorporado municipios como Bagà, Bellver de Cerdanya, Cadaqués, Sant Antoni de Calonge, Castell-platja d’aro, Móra d’ebre, Roses, Viladecavalls o Vielha. Muchas de las poblaciones que se incorporarán son zonas turísticas. En la lista inicial, la normativa afectaba principalmente a las poblaciones con más habitantes de la comunidad.
En todas esta zonas, se aplicarán las mismas medidas que han estado en vigor en el último mes. Es decir, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente en los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de ese contrato. En caso de grandes tenedores (propietarios de cinco o más inmuebles ubicados en zonas tensionadas), el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia.
Territori justificó la revisión de los criterios para aplicar la medida por el incremento generalizado del coste de la vivienda de los últimos años en Catalunya, casi siempre muy por encima de los ingresos de los hogares, y la tendencia alcista del precio del alquiler, pese a la reciente aplicación de la contención de rentas.
La tramitación seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración: se abre un periodo de información pública de veinte días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se analizarán y se responderán todas las cuestiones y la resolución final se notificará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que el público pueda entrar en vigor.
Precisamente ayer, Idealista, el mayor portal inmobiliario de España, hizo un balance sobre la aplicación de la ley en el que señaló que el stock de alquiler cayó un 13%, mientras que los precios aumentaron un 4,3%. “El control de precios únicamente agravará la ya de por sí desesperada situación de miles de familias catalanas, que verán cómo en los próximos meses aumentará la dificultad y la competencia para acceder a una vivienda”, apuntó el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.
El Ministerio de Vivienda está intentando que más comunidades autónomas se sumen a la fijación de áreas tensionadas, pero se ha encontrado con el veto del PP. Para intentar vencer esta oposición, el Gobierno busca fórmulas para dar financiación adicional a los territorios que sí apliquen la normativa estatal. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez analiza el artículo 18.5 de la ley de Vivienda, que recoge que el Estado podrá activar “medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta”.
En la actualidad, los pequeños
La limitación de precios afectará a más de siete millones de personas, el 90% de Catalunya
El Gobierno estudia el artículo 18.5 de la ley de Vivienda, que recoge “medidas específicas de financiación”
propietarios de vivienda que alquilen su inmuebles a un precio por debajo de mercado pueden beneficiarse de una bonificación en el IRPF de hasta el 90%. Esta ayuda fiscal ya está vigente en los primeros 140 municipios de Catalunya y lo estará en las 131 nuevas localidades. ●