El fiscal del Tribunal de Cuentas pide 3,1 millones de euros por el ‘procés’
El informe de conclusiones señala a Puigdemont como máximo responsable
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TCU) mantiene la petición de 3,1 millones de euros por los gastos indebidos por la organización del referéndum del 1 de octubre del 2017 así como la acción exterior de la Generalitat, representada por Diplocat. El dinero que se debe devolver a las arcas públicas deberá ser asumido, según el representante del ministerio fiscal, por los 35 encausados, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, además de otros altos cargos del gobierno catalán.
El fiscal explica que este trámite, posterior al juicio celebrado por el alcance contable, con vistas a la sentencia, no puede ser suspendido por la amnistía porque es “un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance”.
La Fiscalía cree que desde la Generalitat se utilizaron indebidamente 883.695 euros para pagar los gastos del 1-O y responsabiliza al expresidente Puigdemont y a exconsellers del Govern de la Generalitat, y a los funcionarios que intervinieron en los gastos: Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa. Al inicio del proceso contable, el fiscal pedía nueve millones de euros, que ha ido rebajando.
“Los pagos se han realizado sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre del 2017, convocado por la totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat”, señala.
Aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, al fiscal le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable “derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta”.
En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, se le atribuye responsabilidad contable por la totalidad de los gastos, “atendiendo al especial protagonismo que la ley de Finanzas Públicas de Catalunya otorga al conseller del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de la Generalitat”.
Sobre la acción exterior, el fiscal considera que hubo gastos irregulares por valor de 2,2 millones de euros, a través de las delegaciones de la Generalitat en el exterior y a los gastos de la entidad Diplocat tanto por algunas actividades de promoción del proceso soberanista como por otros “gastos injustificados”.
Considera que hubo “actuaciones irregulares” por usar fondos no contemplados en las competencias de las comunidades autónomas, así como por la pretensión de difundir en el exterior el procés y el derecho a la autodeterminación. A su juicio, los responsables serían los presidentes y consellers de las dos legislaturas en las que se efectuaron los gastos y las personas que ocupaban escalones intermedios en los departamentos afectados. ●
La Fiscalía entiende que este proceso contable debe seguir adelante hasta que se apruebe la amnistía