Open Camp denunciará por la vía civil la quiebra del parque
El Supremo archiva definitivamente la querella penal
El fundador del Open Camp, el parque temático del deporte que abrió sus puertas en junio del 2016 y que tuvo que cerrarlas un año después tras la quiebra de la empresa, prepara una demanda civil colectiva para resarcir responsabilidades y para que todos los afectados puedan ser indemnizados económicamente por los daños y perjuicios causados. Paco Medina, impulsor de este parque temático ubicado en el entonces infrautilizado anillo olímpico de Montjuïc, sostiene que la empresa hizo fallida por los abusos e incumplimientos contractuales por parte de los entonces responsables de la empresa municipal BSM.
En octubre del año pasado, Medina presentó una querella en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Finalmente, tras el archivo de la causa y, esta misma semana, también del recurso de súplica, el empresario ha decidido abrir la vía civil. En la querella, Medina acusaba a los entonces tenientes de alcalde Gerard Pisarello, Eloi Badia y Jaume Asens de coacciones, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal de partido político. Para el empresario, estos tres concejales orquestaron la “asfixia” de la empresa que nació en el 2014, cuando, con Xavier Trias como alcalde, Open Camp firmó el contrato con BSM, la empresa municipal que gestiona el espacio del anillo olímpico, y estableció las condiciones de uso para los siguientes cinco años.
Nueve meses después de la interposición de la querella, la sala del Tribunal Supremo “no considera la naturaleza penal de los hechos denunciados” y ha archivado la causa abierta contra los políticos querellados. El tribunal considera, en base al informe elaborado por la Fiscalía, que “no resulta la existencia de indicios suficientes y concretos de responsabilidad criminal en contra de los aforados” y emplaza a los damnificados a acudir a la vía civil.
Paco Medina prepara ahora esta demanda civil colectiva para que los 252 trabajadores despedidos y las 92 empresas damnificadas “puedan ser indemnizados económicamente por los lesivos y masivos daños y perjuicios que causaron directa e intencionadamente los nuevos mandatarios municipales utilizando para ello la empresa municipal BSM”. Medina destaca el “enorme daño colectivo de trabajadores” muchos jóvenes, pero también “mayores de 50 años expertos profesionales que habiendo confiado en la estabilidad institucional y jurídica concertada con la empresa municipal BSM, dejaron voluntariamente sus anteriores puestos de trabajo para sumarse al innovador y premiado internacionalmente parque temático del deporte que, finalmente, no pudo salvarse de la turismofobia institucional”.
De las 92 empresas damnificadas directamente “por las arbitrariedades infringidas por las autoridades municipales”, 68 fueron empresas y particulares “proveedores del parque que sufrieron la pérdida de 11,45 millones de euros”, mantiene Medina. Las 24 empresas restantes, “fueron entidades y particulares promotoras del parque Open Camp que sufrieron la pérdida total, por un daño económico de 31 millones”, añade. Por ello, la demanda civil que se está estructurando por los diversos damnificados por la quiebra “alcanzaría por una parte la suma de 1.856.430 euros en concepto de indemnizaciones laborales no liquidadas y, por otra, la cuantía de 42,47 millones de euros derivada de los daños y perjuicios causados a las 92 empresas que dejaron de cobrar y perdieron sus débitos, financiación y participación”, cuantifica Medina. ●
Los 252 trabajadores despedidos y las 92 empresas afectadas podrán pedir indemnizaciones