Tres sequías y una sola emergencia
La región de Barcelona, zonas de Girona y Costa Brava han sido víctimas de tres sequías que explican la emergencia actual: la meteorológica o climática, la de inversiones hidrológicas y la de proyectos disponibles ejecutables para afrontar situaciones de emergencia. La triple crisis nos deja tres lecciones. Primero, los políticos deben dejar de mirar a un cielo salvador confiando en que la lluvia llenará los embalses y aumentar los recursos de desalinizadoras y aguas regeneradas. Segundo, las propuestas de conexión de la red metropolitana de Barcelona con la del Ebro en Tarragona –pese a sus solventes apoyos– tienen duros detractores, como la Plataforma de Defensa de l’ebre o Aragón. Y tercero, la solidaridad estatal se expresará con un círculo inesperado: las dos grandes desalinizadoras que construirá la Administración central (Tordera II y Foix) serán financiadas con un préstamo de los fondos Next Generation que será devuelto por los catalanes en el recibo del agua.
La crisis de la sequía es consecuencia de un larguísimo período (40 meses) de escasez de precipitaciones que han dejado las reservas de los embalses bajo mínimos.
Obras desprogramadas
Pero junto a las razones climáticas, la falta de respuesta se debe al incumplimiento de la planificación. Catalunya está pagando los efectos de no haber puesto en marcha infraestructuras programadas en su día. Para 2015 debían estar en servicio dos desalinizadoras: Tordera II y Foix, que tampoco entraron en servicio en el segundo ciclo de planificación (2016-2021). Tras la sequía de 2007-2008, todo el esfuerzo del Govern se centró en devolver la deuda contraída por la Agència Catalana de l’aigua (ACA) para afrontar las obras urgentes (deuda de hasta 1.300 millones).
En el baúl de los recuerdos quedaron las aportaciones de los presupuestos públicos, necesarios para acometer las desalinizadoras que hoy se echan en falta. Y tampoco hubo ayuda estatal. Pero incluso en época reciente, cuando la ACA completó la devolución de la deuda (2017) gracias al canon del agua, tampoco las inversiones en obras hidráulicas del Govern estuvieron a la altura de las necesidades pendientes de cubrir. A un decenio de sequía inversora le sucedió una larga etapa de gobiernos sin liderazgo, sin memoria de la sequía anterior y marcada por los corsés administrativos impuestos por las leyes de austeridad. Los ingresos del canon del agua alimentaron unos excedentes de tesorería en la ACA mucho más abultados que el volumen de proyectos que una maquinaria administrativa poco engrasada era capaz impulsar. Solo en la etapa más reciente, con las alarmas encendidas, se percibe una dinámica de respuesta acelerada. Pero se han echado en falta proyectos constructivos disponibles para actuar con urgencia. “Y se ha tenido que aplicar una planificación retrospectiva”, dice el experto Joan Gaya con acertada ironía.
Las aguas salvadoras
La triple sequía se ha combatido con drásticas reducciones de las dotaciones de agua para los diferentes usos del agua (agrícola, industrial, municipales), planificadas para salvar los consumos domésticos básicos esenciales. Pero si no ha habido restricciones más severas ha sido gracias a la desalinizadora y la planta regeneradora de El Prat, que ya estaban listas antes del 2010. El 55% del agua consumida en el área de Barcelona son hoy recursos no convencionales (aguas desalinizadas y regeneradas devueltas al Llobregat en Molins de Rei para ser reutilizadas). En esta línea deberá discurrir el futuro camino trazado, junto con nuevos aprovechamientos en el Besús y la recuperación de los acuíferos contaminados.
Conflictos del plan de sequía
La convulsa aplicación del plan especial de sequía ha mostrado a ERC por qué no podía gobernar en solitario. Los municipios lograron que se les rebajaran las multas por exceso de consumo. El mundo del deporte logró también medidas más flexibles y los agricultores se echaron en la calle crecidos en las protestas contra la agenda verde de la UE. Y, además, arrancaron las promesas del conseller David Mascort de que efectuaría cambios en la ACA, señalada injustamente como responsable de las restricciones, y de que modificaría el nombre del departamento de Acció Climàtica en un intento de contener la protesta.
Promesas incumplidas
Tras esas decisiones, amplios sectores (la plataforma El Futur és Ara, Xarxa per a la Conservació de la Natura, científicos del Creaf, naturalistas...) ven más razones todavía para crear un “verdadero departamento de Transició Ecolúgica con rango de vicepresidencia, independiente y no condicionado por los lobbies agrícolas”. Avalan estas críticas el hecho de que el mandato de ERC acaba con metas ecológicas clave incumplidas: la ampliación de las zonas para proteger las aves en el delta del Llobregat (en respuesta al expediente de la UE por la defectuosa ampliación del aeropuerto de El Prat), el bloqueo permanente a la Agencia de la Natura (aprobada por el Parlament en el 2020), el freno al impuesto a los grandes buques que marcaba la ley de Canvi Climàtic (2017) o el olvido de la ley de Residus. Han sido tres sequías y bastantes lagunas. ●