El fiscal general descarta dimitir pese al “tribunal de honor” del Senado
Álvaro García ve al PP detrás de una estrategia de desgaste y acoso contra él
El fiscal general del Estado, ¡lvaro García Ortiz, no va a ceder ante las presiones a las que está sometido desde que asumió el cargo en agosto del 2022, en sustitución de Dolores Delgado, y por ello descarta dimitir a pesar de la ofensiva que ha sufrido estos últimos días desde diversos frentes y en la que ve al PP detrás de la misma.
Así lo aseguró ayer en la Ser tras ser preguntado por las consecuencias para él de la reprobación que el miércoles aprobó el Senado, con mayoría absoluta del PP. García considera que tanto la Cámara Alta como en su día el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –que le consideró
El jefe del ministerio público cree que la Cámara Alta erró al considerarlo un actor político
inidóneo para el cargo– le han sometido a un “tribunal de honor”.
A su juicio, el Senado cometió un “error de concepción” al considerarlo un “actor político”. “El fiscal general no puede ser cesado por el Gobierno, no está sometido al control político del Senado porque no es parte del Gobierno”, aclaró.
Para el PP, las asociaciones conservadoras de fiscales y el bloque conservador del órgano de gobierno de los jueces, García actúa al dictado del Ejecutivo, sin una independencia real. Las suspicacias sobre él provienen de su puesto como número dos en la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando Delgado estaba al frente, nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo tras dejar su puesto como ministra de Justicia, un tránsito que fue visto como un intento del Ejecutivo de controlar el ministerio público. García
Ortiz fue durante todo ese tiempo la mano derecha de Delgado, con quien había compartido espacio en la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Tras la dimisión de Delgado por motivos personales, el Gobierno optó por la continuidad de su trabajo y nombró como sustituto a García. Delgado había sido la diana de múltiples críticas durante su tiempo en la FGE, que fueron asumidas después por su sucesor.
Tanto a Delgado como a García les ha perjudicado que el órgano asesor de la FGE, el Consejo Fiscal, está actualmente compuesto por una mayoría conservadora, que no les ha dado tregua en su política de nombramientos y que ha acudido a los tribunales para pararle los pies en el ascenso como fiscales de sala a miembros más próximos a la UPF.
García se ha encontrado también con la oposición del Tribunal Supremo (TS), que ha llegado a dictaminar en una sentencia que este incurrió en una “desviación de poder” al ascender de categoría a Delgado para que pudiera ir de fiscal de sala al Alto Tribunal y así no tener que volver a su puesto como fiscal de la Audiencia Nacional.
El Supremo también ha tumbado los dos intentos de García de hacer fiscal de sala a Delgado –primero como fiscal de lo Militar y después de Memoria Democrática–.
Tras las elecciones del 23 de julio, el CGPJ logró gracias a su mayoría conservadora hacer un informe en contra de la idoneidad de García cuando el Gobierno anunció que le volvía a proponer como fiscal general. Entre otras cosas, los vocales alegaron la sentencia del TS para justificar el mal uso de la institución por su parte. Era la primera vez que el órgano de los jueces no daba su aval para este cargo. Sin embargo, ese informe, al no ser vinculante, no afectó al nombramiento.
Fuentes socialistas criticaron entonces que la decisión del CGPJ era fruto de la tensión interna por la situación de interinidad del órgano que vive desde diciembre del 2018 por el bloqueo del PP a su renovación.
García Ortiz se cuida mucho de criticar las resoluciones judiciales, aunque sí dejó caer ayer en la entrevista que “cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es la justicia en este país, sabíamos que tenía un coste”.
Una de las asociaciones de fiscales más combativa con el actual fiscal general, la Asociación Profesional e Independiente de
Fiscales (APIF), recurrió ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo el nombramiento de García el pasado aòo, a pesar del informe contrario del CGPJ. Los magistrados que deben resolverlo son los mismos que dictaminaron que había incurrido en una desviación de poder para ascender a Delgado.
Aunque se abstiene de criticar las resoluciones del Alto Tribunal, del que sostiene que mantiene un criterio distinto al suyo, sí ha solicitado la recusación de los magistrados que deben estudiar este último recurso, entre otras cosas porque uno de ellos, José Luis Requero, había afirmado en un artículo que tanto García como el Tribunal Constitucional eran unos “apesebrados”.
Y a todo ello se aòade un último golpe al fiscal general, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera admitir a trámite una querella interpuesta por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal que le investiga por fraude fiscal por difundir una nota de prensa para aclarar un “bulo intencionado”, promovido por el gabinete de la presidenta madrileòa contra la Fiscalía. García Ortiz ha defendido que la nota no dio datos reservados, sino que pretendía desmentir una información falsa, además de asumir la responsabilidad. ●
García Ortiz se ha visto perjudicado por la mayoría conservadora en el TS, el Consejo Fiscal y el CGPJ