División ante la decisión de la CPI
La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir a los jueces de la cámara prejudicial que emitan órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Beniamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra la cúpula de la organización terrorista Hamas por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional sobre el papel y la jurisdicción de este tribunal, mientras que en Israel ha provocado indignación.
Aunque Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI, la petición es un importante revés político para Netanyahu y para la imagen internacional del Estado hebreo. Para el premier israelí, porque vería limitados internacionalmente sus movimientos a riesgo de ser detenido si pisa alguno de los 123 países que aceptan la jurisdicción de este tribunal y que tendrían que arrestarlo. Curiosamente, sí podría viajar a EE.UU., principal aliado de Israel, que tampoco reconoce a la CPI.
La situación aumenta el aislamiento político del premier, a pesar de que el presidente Joe Biden se haya apresurado a calificar de “escandalosa” la petición del fiscal y haya protestado por haber equiparado a Israel y a Hamas. Si finalmente el tribunal emite las órdenes, la posición internacional de Israel quedaría seriamente dañada para seguir manteniendo su ofensiva en Gaza, al tiempo que muchos estados que le venden armas tendrían una justificación legal para decretar un embargo, pues no es lo mismo exportar armamento a un país acusado por un tribunal internacional de crímenes contra la humanidad.
Toda la clase política israelí ha reaccionado entre la ira y el escándalo, rechazando el paralelismo entre el ejército israelí y las milicias de Hamas. Netanyahu ha hablado de que un “nuevo antisemitismo” ha llegado a la justicia y ha descalificado al fiscal Khan por comparar a los soldados israelíes con los “monstruos” de Hamas. Ayer, el Gobierno hebreo pidió a las “naciones del mundo civilizado” que se opongan a las órdenes de arresto, aprovechando que la petición ha generado reacciones encontradas en Europa. Mientras Italia, Alemania, Chequia y el Reino Unido cuestionan la decisión del fiscal, Francia y España respaldan a la CPI, y la Comisión Europea dice respetar la independencia del tribunal. Esta división europea explicita su fractura interna en cuanto a su visión del conflicto.
Lo cierto es que Israel afronta un momento decisivo a la espera de que las tres juezas del tribunal preliminar consideren las pruebas aportadas por Khan para aprobar o rechazar su solicitud, ya que la decisión tendrá una repercusión internacional en la política israelí. En cambio, las órdenes de arresto contra la cúpula de Hamas apenas aumentan la presión sobre ella. Dos de los líderes acusados están escondidos en los túneles de Gaza, de donde no pueden salir y donde Israel lleva meses tratando de matarlos. El tercero, Ismail Haniye, jefe de la oficina política de Hamas, tiene su base en Qatar, emirato que tampoco reconoce a la CPI.
El fiscal está decidido a que se castigue a los responsables de la muerte de más de 35.000 personas en Gaza y a los de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre, que se cobraron la vida de más de 1.200 israelíes. La decisión puede tardar semanas y, mientras, la guerra seguirá en Gaza con todas sus consecuencias. Las órdenes pedidas suponen que por primera vez en la historia se solicita la detención de los máximos líderes en ejercicio de un país aliado de Occidente. Se trata también de una prueba de fuego para la propia CPI, para establecer los límites de su jurisdicción y ver hasta dónde llega el respaldo de los estados signatarios del estatuto de Roma, creador de la Corte Penal.
El impacto internacional de esta petición no es nada comparado con el que habrá cuando el tribunal decida, sea cual sea, su fallo. Sin olvidar que, en marzo del 2023, la CPI ya dictó una orden de detención contra el líder ruso, Vladímir Putin. Una decisión, como se ha visto, con más valor simbólico que efectivo. ●
Las peticiones de arresto hacen aflorar aliados y detractores del papel de la Corte Penal