Proponen bonificar el agua desalada con 30 céntimos
El PSOE pide a Moreno Bonilla que lo aplique a las desaladoras que no son del Estado
El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha trasladado el contenido de una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno Andaluz del PP para que bonifique a los agricultores el precio del agua procedente de las desaladoras que no son de titularidad estatal, como es el caso de las situadas en la capital y en Níjar, la denominada ‘Mar de Alborán’. Hasta el momento, ha lamentado, Moreno Bonilla “no ha hecho nada con fondos propios para ayudar a la agricultura ante la subida de los costes de producción por el encarecimiento de los precios de la energía y por los efectos de la inflación” y cree que sería un buen momento para que los dirigentes del PP ayudaran al sector agrícola de la provincia y “demostraran que su ‘almeriensismo’ no es sólo de boquilla”.
“Las actuaciones de la Junta solo se han limitado a aplicar en Andalucía las posibilidades que se le han dado con los fondos europeos del marco 2014/2020 y los fondos Next Generation”, ha añadido.
La propuesta socialista contempla una bonificación para los agricultores de 30 céntimos de euro el metro cúbico de agua desalada que se genera en las instalaciones que no son de propiedad estatal, lo que beneficiaría a unas 6.000 hectáreas y a más de 3.000 agricultores de la capital y del Levante que actualmente llegan a pagar hasta un euro el metro cúbico de agua desalada en virtud de los precios de la energía y por los efectos de
Sánchez Teruel da cuenta de esta enmienda presentada al Presupuesto andaluz
la inflación.
Sánchez Teruel ha subrayado que esta ayuda se podría establecer para todo el año 2023 y sin necesidad de papeleo extra para los beneficiarios, tan sólo sería la Junta de Andalucía la que pagaría a las plantas desaladoras la bonificación correspondiente. el parlamentario socialista ha destacado que el
Gobierno de España sí ha garantizado a los usuarios del regadío un precio fijo para el agua desalada en las plantas de su titularidad para, precisamente, “que los efectos de la inflación y de la subida de los precios de la energía no supongan un encarecimiento de los precios del agua desalada empleada en explotaciones agrarias”