Carboneras revisará la licencia del Algarrobico
“Se están llevando a cabo las actuaciones para la “ejecución de las sentencias firmes”
El Ayuntamiento de Carboneras ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que iniciará el expediente de revisión de oficio de la licencia municipal de obras del hotel de Azata en El Algarrobico “de la forma más inmediata posible en las próximas fechas” y ha defendido que está llevando a cabo “las actuaciones pertinentes” para la “ejecución” de las sentencias firmes “en relación” al paraje protegida.
Respuesta En un escrito, consultado por Europa Press, el consistorio ha dado así respuesta al requerimiento que le hizo el TSJA para solicitar nueva información sobre el grado de cumplimiento de los pronunciamientos judiciales tras el pleno municipal fallido que se celebró en noviembre y en el que no pudo salir adelante una corrección del Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU) que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras. El ayuntamiento que ahora preside Felipe Cayuela (PP) indicó a la sala que el acuerdo adoptado para anular el sector urbanístico ST-1 o ´Algarrobico´ que daba vía libre al desarrollo del suelo “muestra” que está “desarrollando” acciones en orden a ejecutar las sentencias, aunque admite que es “absolutamente cierto” que debe también “proceder” a la incoación del expediente de revisión de oficio.
“Con ello --en referencia a la desclasificación como urbanizable del suelo-- no se agotan las necesidades de ejecución derivadas de la sentencia de julio de 2021, de tal manera que el Ayuntamiento debe, de conformidad con el fallo de la misma, incoar el expediente de revisión de oficio de la licencia concedida, actuaciones a las que procederá de la forma más inmediata posible en las próximas fechas”, según precisa.
Al hilo de esto, el ayuntamiento alegó contra la demanda de ejecución forzosa de los colectivos Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, y afirma que esta se formuló sin que hubiese trascurrido el plazo de tres meses desde que se declaró la firmeza de la sentencia e, incluso, se solicitó “con antelación” a que fuera recibida en el TSJA por parte del Tribunal Supremo.