Palabra de Sánchez
Vivimos tiempos en los que la confusión se instala en la crónica política en razón de las declaraciones contradictorias de algunos dirigentes. En cabeza, las del presidente del Gobierno, capaz de decir lo uno y su contrario negando, además, que lo suyo sea un constante cambio de versión sobre hechos y opiniones anteriores.
La última versión de la desprejuiciada forma que tiene de relacionarse con la realidad remite a los pactos a los que Sánchez llegó “in extremis” con Junts y que le permitieron superar la última votación de varios decretos de la ley ómnibus con la que arrancó esta legislatura. Secundando las instrucciones del prófugo Carles Puigdemont los diputados de Junts apoyaron a Sánchez a cambio del compromiso del Gobierno para ceder a la Generalidad de Cataluña las competencias integras en materia de emigración.
Un compromiso que desde que trascendió dio pie a una intensa polémica. Por dos razones. La primera porque la Constitución (Art. 149) deja claro que es el Estado quien tiene competencias exclusivas en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. La segunda es que Junts -el partido de Puigdemont y Torra- es una formación xenófoba. Así las cosas, ante el aluvión de críticas, a Pedro Sánchez le ha faltado tiempo para afirmar -en sendas entrevistas concedidas a medios afines- que dicha transferencia no se llevará a cabo porque -según dice-: “Expulsar a migrantes compete a la Administración central”.
Una afirmación que ha encontrado réplica en boca de Jordi Turull -secretario general de Junts- recordando que Sánchez también decía que la amnistía no tenía cabida en la Constitución y ya está en marcha en el Congreso un proyecto de ley. Turull reitera que el pacto incluye “ceder todas las competencias para que Cataluña tenga una política integral de migración propia que apareja la gestión de las expulsiones de los inmigrantes ilegales”.