El suelo del Algarrobico sigue “no urbanizable”
El TSJA rechaza suspender la vigencia de la desclasificación del hotel de Azata
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado suspender la vigencia del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras de abril de 2023 por el que se desclasificó el sector urbanístico de El
Algarrobico, y se declaró espació protegido en el PGOU, tal y como había solicitado el Gobierno andaluz.
La sala no considera que sea “ostensible, manifiesta y evidente” la nulidad que alega la Junta y traslada que, para adoptar esta medida cautelar, se hace “necesario interpretar” la “redacción” del citado acuerdo plenario, lo que “constituye el fondo del pleito” y no puede “ser decidido por este cauce procesal”, según recoge el auto.
La Junta impugnó el texto con el que el Ayuntamiento de Carboneras ejecutaba la sentencia firme que le obliga a declarar el suelo de El Algarrobico sobre el que se construyó el hotel de Azata “no urbanizable de especial protección” después de la negativa del entonces alcalde socialista, José Luis Amérigo, a modificar el texto.
Para la administración autonómica, que sostiene ahora que el paraje es espacio protegido desde 1994, no procede la inclusión en el acuerdo de pleno de alusiones a “anular y eliminar la clasificación urbanística vigente” o a “efectos sobrevenidos al planeamiento vigente” por la directa aplicación de la normativa ambiental del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
Posteriormente, con el cambio en el gobierno en la corporación local carboneras, el nuevo alcalde, Felipe Cayuela (PP), se alineó con la posición de la Junta y llevó a un pleno convocado en noviembre una enmienda al acuerdo para suprimir esas expresiones que, sin embargo, no salió adelante debido a los votos desfavorables de los cinco ediles del PSOE, y la abstención de los concejales de Ciudadanos y del edil no adscrito.
Si el Ayuntamiento de Carboneras declara nulo el permiso municipal que se concedió en 2003, el siguiente paso natural es la incoación de un expediente de demolición sobre la edificación de una veintena de plantas y 411 habitaciones de la promotora Azata, que mantiene vivas las reclamaciones por responsabilidad patrimonial ante los tribunales.