Esperando a Europa
La Unión Europea tiene una agenda de problemas que llaman con fuerza a las puertas del Consejo -la rebelión de los agricultores franceses, la continua transferencia de fondos a Ucrania ante el riesgo de perder la guerra con Rusia, mantener el apoyo a Israel que cuestiona la izquierda, etc.- pero España tiene también un problema cuya solución no admite demora: frenar el proyecto de la Ley de Amnistía. La vergonzosa reforma que impulsa el presidente Pedro Sánchez como pago al apoyo parlamentario de Junts, el partido separatista liderado por el prófugo Carles Puigdemont.
España quiere seguir siendo una democracia y las democracias rechazan la aprobación de leyes a la carta elaboradas a medida por quienes se van a beneficiar de ellas. En este caso concreto para conseguir la impunidad respecto de los delitos investigados por jueces a quienes los diputados de los partidos separatistas y también de grupos que forman parte del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez señalan con nombres y apellidos acusándoles de prevaricación.
En España, hasta la llegada de Sánchez, estas cosas ni pasaban ni a nadie se le pasaba por la cabeza que pudieran pasar. Amedrentar a los jueces y fiscales del Tribunal Supremo no es propio de un país que forma parte de la UE y que al firmar el Tratado de adhesión asumió el marco democrático que establece la separación de poderes como garantía del buen funcionamiento de los Estados democráticos.
Sánchez promovió una reforma del Código Penal para liquidar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación. Y pretende añadir la amnistía para sus socios. Ahora el Parlamento Europeo tiene pendiente decidir sobre una enmienda de la Comisión de Justicia para prohibir amnistiar los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos. Salió adelante a iniciativa del PP Europeo y con el voto en contra del Partido Socialista. A ése extremo de servidumbre a los espurios intereses de Pedro Sánchez ha llegado el histórico PSOE español.