El PP pide recursos para la Ley de Bienestar Animal
Aseguran que es necesaria una dotación económica para poder cumplir sus peticiones
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento elevará este viernes al Pleno de la Corporación una moción solicitando al Gobierno que aclare las “dudas y ambigüedades” de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en vigor desde septiembre de 2023, así como la dotación “de los recursos adecuados a los ayuntamientos para su cumplimiento”.
Una normativa “no exenta de polémica desde sus planteamientos iniciales”, denuncian los populares, aludiendo a una falta de concreción denunciada por Ayuntamientos y la Organización Colegial Veterinaria, “profesionales con los que no se ha contado a la hora de redactar un texto que adolece de falta de rigor científico y que en su redacción existen términos confusos y abstractos. Todo esto hace que se estén cumpliendo las previsiones iniciales y que se estén dando multitud de problemas en su aplicación”.
“Ambigüedades” reconocen los populares en este texto que generan además, como las propias organizaciones animalistas han denunciado, “una cascada de dudas que comprometen seriamente su efectividad” como Ley.
Reglamento “Se trata de una norma que alude a su reglamento de desarrollo en al menos cuarenta ocasiones y que, debido a las numerosas imprecisiones que existen en su articulado, requiere que este Reglamento se apruebe cuanto antes”, reglamento que, sugiere el Grupo Municipal Popular, en la moción “sea consensuado y sin errores”, al contrario del procedimiento que ha seguido el Gobierno en la aprobación de una Ley “que nace condenada al fracaso”.
Así, y dentro del ámbito municipal, la moción presentada por el Grupo Municipal Popular exige “solucionar los problemas específicos que esta norma genera al tiempo que se dote a las administraciones de los recursos económicos adecuados para su aplicación”.
Recuerdan los populares en esta moción que en España existen poco más de 200 veterinarios municipales, tachando de “incongruencia” que a los Ayuntamientos se les delegue funciones, competencias y más gastos sin ninguna contrapartida para la aplicación de esta Ley para la que necesita mucho dinero.