Socios tóxicos
La exigencia de impunidad de los independentistas de Junts y, en concreto, de su líder Puigdemont, que quiere salir de rositas de su intento de golpe de Estado, los ha convertido en unos socios tóxicos para la democracia constitucional.
Pedro Sánchez no sospechó que sus exigencias llegaran tan lejos y Feijóo nunca imaginó que sus contactos, cara a su posible investidura, se iban a convertir en un arma letal que podría costarle las elecciones gallegas. Nunca se dijo de qué habían hablado el emisario del PP y el representante de Junts. Pero el lío en que se ha metido Feijóo, sugiriendo un posible indulto para el fugado, demuestra el temor de Génova a que “larguen”.
Vascos y catalanes han aprovechado, desde las primeras etapas de la Transición, su fuerza en el Congreso y sus apoyos para obtener prebendas del Estado.
Los primeros, consiguiendo acuerdos económicos ventajosos. Y los segundos, tras el “proces” convirtiendo su presión en un chantaje inadmisible para los dos partidos que pueden gobernar. Y una cosa es negociar y escuchar al oponente político, que en la primera cita puede pedir la luna, y otra, muy distinta, aceptar su chantaje. Porque, si para llegar a la Moncloa se hunde en el desprestigio al resto de los poderes del
Estado, se ha recorrido un camino sin salida. Una cosa es “hablar catalán en la intimidad”, como no tuvo rubor en reconocer Aznar y otra, amnistiar a un fugado que ni siquiera ha tenido el coraje de enfrentarse a su responsabilidad penal. Resulta casi inverosímil creer que van a poder seguir extorsionando al Estado hasta el fin de la legislatura y que puedan, simplemente, con relatar las cesiones que unos y otros les ofrecieron para llegar al poder, incluso hacer perder el Gobierno de Galicia. Pero puede ocurrir y demuestra su capacidad tóxica.
Ya puede prepararse el actual President de la Generalitat, Pere Aragonés, si en los próximos comicios catalanes tiene que recurrir a gobernar con Puigdemont. Incluso podemos llegar a verlo de segundo en Cataluña, puesto que, para entonces, si el Constitucional no lo impide, vivirá en Barcelona libre de cargos.