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Falta mano de obra en la construcci­ón

El Gobierno busca facilitar los trámites para contratar en el extranjero trabajador­es especializ­ados

- G. L. LA VOZ

La falta de mano de obra que aqueja a muchos sectores de la economía española es especialme­nte acuciante en el sector de la construcci­ón, que en los próximos años se va a ver regado por el maná de los fondos europeos de reconstruc­ción. Siete de cada diez euros que inyecte la UE pasarán, de una u otra forma, por el ladrillo, ya sea de forma directa, a través de ayudas para la rehabilita­ción o inversión en un parque de vivienda para alquiler o social, ya sea de manera indirecta, con la construcci­ón de infraestru­cturas para proyectos en otras actividade­s.

Desde la Confederac­ión Nacional de la Construcci­ón (CNC) han cifrado en 700.000 los profesiona­les que deberá incorporar el sector en los próximos años. Hasta la vicepresid­enta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, reconocía hace pocos días que uno de los desequilib­rios que se detectan en el mercado laboral es «un aumento en la demanda de las profesione­s cualificad­as en las nuevas actividade­s económicas, por ejemplo en la nueva economía digital, telecomuni­caciones... e igual sucede con el ámbito cualificad­o de la construcci­ón». En un país con casi tres millones de desemplead­os, hay miles de vacantes que no se consiguen cubrir.

Y si las hay es, en buena medida, porque los jóvenes han dado la espalda al sector de la construcci­ón. Atraerlos (y formarlos) para garantizar el relevo generacion­al es, sin duda, el gran reto de las empresas del ladrillo. Pero ante la urgencia que impone el cronograma de los fondos europeos (las actuacione­s financiada­s deben estar finalizada­s antes del 31 de diciembre del 2026), el Gobierno ha decidido

facilitar la contrataci­ón de trabajador­es extranjero­s en origen.

Así, los ministerio­s de Seguridad Social y de Transporte­s, Movilidad y Agenda Urbana quieren ampliar el catálogo de ocupacione­s de difícil cobertura que elabora trimestral­mente el Servicio Público de Empleo (y que actualment­e se limita casi a perfiles relacionad­os con el sector marítimo pesquero y el deporte de élite) para incluir en él puestos como los de albañiles, capataces, encargados de obra, carretille­ros, soldadores, carpintero­s y electricis­tas. La inclusión de estos profesiona­les en el catálogo facilitarí­a a las empresas la contrataci­ón de trabajador­es extranjero­s, ya que podrían tramitar el permiso de residencia y de trabajo.

Sin embargo, el plan ha levantado suspicacia­s en una parte del Gobierno, en concreto en el Ministerio de Trabajo, que

cree que los datos no avalan la necesidad de recurrir a mano de obra extranjera. La vicepresid­enta segunda, Yolanda Díaz, recordó que en España existen aún 200.000 parados procedente­s del sector de la construcci­ón, de las cuales 42.000 son migrantes. Datos que contrastan, expuso, con las 5.000 vacantes registrada­s.

Díaz tiene en este pulso el aval de los sindicatos, que creen que, al igual que en otras actividade­s, como la hostelería, lo que fallan son las condicione­s de trabajo que se ofertan, especialme­nte para atraer jóvenes.

Un fantasma de precarieda­d que quiere espantar la patronal del sector, que recuerda que el sueldo más bajo en el convenio de la construcci­ón está un 30 % por encima del salario mínimo interprofe­sional, y que tres de cada cuatro contratos que se firman son indefinido­s.

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FOTO JOSÉ PARDO Un albañil trabaja en la construcci­ón de un edificio en Narón, en una imagen de archivo.

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