“Una situación económica desastrosa”
El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos “tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica” en el municipio, pero “en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios”. “Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una ‘Caja
B’, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios”, dice la Fiscalía. Ese pago era “impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales”, considera el fiscal, añadiendo que las contribuciones “se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales”. Esto dio lugar “a manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisión de otros documentos falaces”, sostiene la acusación pública en sus conclusiones provisionales, señalando que los empresarios “solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio”. Por eso, en los años siguientes, supuestamente, “se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido”, de forma que se condicionaba la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios e incluso licencias. En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento y se han detectado medidas relacionadas con el urbanismo, supuestamente llevadas a cabo por los principales acusados, “tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos”, señala el fiscal.