Los peritos oficiales reconocen que no actúan como interventores
Los expertos no tienen constancia de que Griñán recibiera los informes de la Intervención
Los peritos judiciales no actúan en la macrocausa de los ERE como interventores de la Administración General del Estado (IGAE), sino como peritos de auxilio judicial que fueron nombrados en su día por la juez Mercedes Alaya, de acuerdo con su experiencia profesional y conocimientos profesionales. Así lo reconocieron ayer los peritos a preguntas del abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, quien les preguntó sobre un auto del 27 de febrero de 2014 de la juez Alaya, en el que la que fuera instructora de las macrocausas exponía que “debe quedar claro” que estos peritos “no actúan en las presentes actuaciones como interventores generales del Estado, cualidad por la que estarían sujetos a ciertos límites institucionales, sino como peritos, sujetos exclusivamente al encargo judicial de realizar un informe basado en su leal saber y entender, esto es, en sus conocimientos profesionales y máximas de experiencia”.
La aclaración de Alaya en ese auto se produjo después de que el interventor general de la Administración del Estado, José Carlos Al- calde Hernández, remitiese a la magistrada un oficio contestando al requerimiento efectuado por el juzgado para que ampliara la pericia, en el sentido de determinar “qué podía haber hecho la Cámara de Cuentas” de Andalucía a la luz de la información recibida para “poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención general de la Junta y en definitiva para evitar la continuidad del programa 31L a través de las transferencias de financiación al IFA/IDEA”.
Para el interventor general del Estado, la petición de valorar el ejercicio de sus competencias por la Cámara de Cuentas “sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional de los funcionarios de la IGAE, por cuanto estarían valorando la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario, como es la Cámara de Cuentas de Andalucía, lo cual excede el marco institucional que corresponde propiamente a los funcionarios de la IGAE como personal al servicio del órgano de control interno del sector público”. Mohedano le dijo a los peritos, parafraseando la afirmación de los peritos respecto al supuesto engaño del Parlamento andaluz en relación con las ayudas, que al denominarlos “peritos de la IGAE” se “induce a error”, a pensar que intervienen en el procedimiento como interventores. Eduardo Villa- seca, uno de los tres peritos que comparecen a instancias del juzgado, admitió que “tienen claro” que no actúan en el procedimiento como interventores generales del Estado, a lo que Ángel Turrin añadió que la defensa estaba afirmando cosas que estaban “perfectamente aclaradas tanto en esta comparecencia como en el propio informe” que han elaborado, y ha agregado que fueron “nombrados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, no por la Intervención” del Estado.
Turrión agregó que ellos “no son nadie para enjuiciar a la Cámara de Cuentas” y aseguró que no tenían competencia para hacerlo. Mohedano y el jefe de los peritos de auxilio judicial, Ángel Turrión, mantuvieron a lo largo de esta sesión un rifirrafe durante el interrogatorio, en el que el perito le reprochó en varias ocasiones que le interrumpía y el abogado le espetó que él “pregunta una cosa y el perito contesta otra”. El presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, inter vino para afirmar que “tanto los peritos como las partes deben adecuarse a la máxima corrección”.
Turrión señaló, de otro lado, que “no tiene constancia” de que los informes con las deficiencias fuesen recibidos por el entonces consejero de Hacienda José Antonio Griñán, pero insistió en que esos informes se enviaban a la viceconsejera para su “traslado” al consejero. Los peritos reiteraron que no pueden estimar si “hubo o no menoscabo” de fondos públicos.
El tribunal pide a peritos y abogados que mantengan “la máxima corrección”