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El Supremo juzgará por rebelión a 18 líderes separatist­as

El juicio a los 18 líderes independen­tistas procesados por Llarena que no han huido se celebrará en el Supremo previsible­mente en enero Las defensas intentarán trasladar la vista al TSJC

- Agencias MADRID

El Tribunal Supremo ha confirmado el cierre de la investigac­ión del 1-O dictado por el juez Pablo Llarena y ha abierto juicio oral contra los 18 procesados por la causa del procés, entre ellos el ex vicepresid­ente Oriol Junqueras, nueve ex consellers y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

En dos autos, la Sala de lo Penal del alto tribunal rechaza por unanimidad las más de 300 alegacione­s y peticiones de prueba planteadas por las defensas contra el cierre de la instrucció­n que acordó el pasado julio el juez Llarena, que les procesó por los delitos de rebelión, malversaci­ón y desobedien­cia por su participa- ción en el proceso soberanist­a de Cataluña.

Y deja todas estas alegacione­s y nuevas prácticas de prueba para la vista oral con la finalidad de evitar “dilaciones indebidas”.

Se abre así la fase de juicio oral, por lo que la Sala da traslado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a Vox para que en cinco días formulen sus escritos de acusación.

La Sala confirma también el sobreseimi­ento libre de la causa para el ex presidente de la Generalita­t Artur Mas y para la ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independen­cia Neus Lloveras.

Respecto al rechazo a las más de 300 diligencia­s de prueba solicitada­s por las defensas, la Sala señala que “su admisión conduciría, sin duda alguna, a un inadmisibl­e menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas”.

“La reapertura del sumario frustraría toda expectativ­a de enjuiciami­ento en un plazo razonable. Y lo que es más importante, ese pernicioso efecto carecería de justificac­ión”, dice la Sala.

Para los jueces, la apertura de juicio oral “no exige una toma de contacto con las diligencia­s practicada­s durante la fase de investigac­ión” y “no requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se eleva el auto de procesamie­nto”.

Los magistrado­s rechazan, como así pretendían las defensas, pronunciar­se sobre “la suficienci­a o insuficien­cia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión”, un empeño “tan legítimo” como “inasumible en el plano técnico”, porque eso debe decidirse en el acto del juicio oral.

Así, recuerda que “el debate actual no es un debate sobre la culpabilid­ad de los investigad­os, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamie­nto”. “Con la apertura del juicio no se prejuzga ni la calificaci­ón jurídica de los hechos procesales, ni la responsabi­lidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecer­los”, añaden los magistrado­s.

Fuentes jurídicas señalan que el juicio comenzará previsible­mente en enero, si bien todo dependerá de los artículos de previo pronunciam­iento (equivalent­es a las cuestiones previas) que las defensas planteen antes de que arranque el juicio y que se expondrán en una vista.

Entre otras cosas, las defensas cuestionar­án en esa vista, que se prevé antes de Navidad, la competenci­a del Supremo para enjuiciar los hechos, la cual, como han defendido los abogados en otros procedimie­ntos, deberían recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Confirmado el sobreseimi­ento de la causa para el ex ‘president’ Artur Mas

 ?? FERNANDO ALVARADO / EFE ?? LESMES NIEGA PRESIONES. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes (junto al vicepresid­ente del Alto Tribunal, Ángel Juanes), aseguró ayer que ja- más ha recibido “indicación alguna” sobre la causa delprocès y que ha habido “un respeto escrupulos­o de los políticos” y “también” del presidente del Gobierno.
FERNANDO ALVARADO / EFE LESMES NIEGA PRESIONES. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes (junto al vicepresid­ente del Alto Tribunal, Ángel Juanes), aseguró ayer que ja- más ha recibido “indicación alguna” sobre la causa delprocès y que ha habido “un respeto escrupulos­o de los políticos” y “también” del presidente del Gobierno.

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