El Supremo pide perdón por la “deficiente” gestión de la sentencia de las hipotecas

Los grupos del Congreso acuerdan repartir los gastos entre banco y cliente, aunque esperarán al criterio del tribunal

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aseguró ayer que no ha recibido ninguna llamada de entidad financiera alguna alertando del riesgo sistémico que provocaba la sentencia conocida el pasado jueves, que atribuye a la banca el pago del impuesto de las hipotecas.

En un encuentro con periodistas, Lesmes pidió perdón por una gestión “deficiente” del asunto, que una institución que lleva “206 años trabajando, ni a favor ni en contra de ningún sector”, no se merece. A lo largo de la jornada del jueves, cuando se hizo pública la sentencia que atribuye a las entidades financieras, y no al cliente, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, Lesmes mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez Picazo, que es la que emitió el fallo.

Díez Picazo le explicó que había tenido conocimiento de la sentencia por la prensa, que comenzó a difundir “cuestiones inciertas, como si eran las comunidades autónomas las que tenían que hacerse cargo del impuesto, o los bancos directamente”.

Para paliar esa incertidumbre Lesmes sugirió a Díez Picazo que se redactase una nota aclarato- ria, pero él optó por convocar una reunión del pleno para el próximo 5 de noviembre y resolver así los asuntos pendientes.

Ayer se conoció, por otro lado, que la misma sala del Tribunal Supremo que la pasada semana atribuyó a la banca el impuesto sobre actos jurídicos documentados en una hipoteca se pronunció en contra de este criterio hace un año, al ratificar su anterior doctrina por considerar que era el cliente quien estaba obligado a abonarlo.

Mientras, los grupos del Congreso acordaron ayer incluir en la nueva ley hipotecaria que los gastos de la hipoteca se repartan entre las entidades financieras y los clientes, aunque en todo caso esperará al criterio que establezca el Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en su resolución del 5 de noviembre.