De la Torre impugna el Metro al Civil para frenar la licitación
Doce ofertas, entre ellas las de grandes constructoras, para las obras del tramo
El Ayuntamiento de Málaga vuelve a acudir a la vía judicial en el intento de frenar el proyecto de construcción del Metro en superficie hasta el Hospital Civil. Si en ocasiones precedentes ya impugnó en la vía contencioso-administrativa el anteproyecto del ramal y el proyecto constructivo, ahora le toca el turno a la licitación de la obra, activada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a finales del pasado mes de octubre. En concreto, es la Junta de Gobierno Local la que ha aprobado este viernes impugnar la iniciativa autonómica y reclamar la suspensión cautelar de la misma con el fin de impedir el avance de la misma.
El paso dado por el equipo de gobierno del PP, dado a conocer por el alcalde, Francisco de la Torre, se produce a pesar de la posibilidad cierta de que el procedimiento de contratación sea suspendido por parte del nuevo Gobierno andaluz surgido de las urnas el pasado 2 de diciembre y
El Ayuntamiento insiste en la afección que el tranvía tendría sobre el tráfico y la EMT
que podría tener como referente al presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Cabe recordar que el candidato a la Presidencia de la Junta ya ha advertido en varias ocasiones de su compromiso de anular esta licitación e impulsar un trazado totalmente soterrado.
De la Torre justificó el acuerdo en la necesidad de “defender el interés general”, incidiendo en que hay que realizar una “parada en este tema”. “Una vez se culmine la llegada del Metro al Centro se puede buscar la coordinación máxima con la EMT, lograr una intermodalidad permanente con el PTA; a la vista del nuevo hospital hay que hacer una cosa con más ambición y que tenga el consenso vecinal”, expuso el mandatario local, que autorizó con su firma en octubre de 2013 un protocolo que incorporaba el tramo en superficie hasta la trasera del Civil.
Sobre este hecho, De la Torre ha insistido en que rubricó aquel documento ante la exigencia por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de que era el único modo de liberar la última parte del crédito otorgado al Metro y necesario para la puesta en funcionamiento del suburbano. Incluso, puso en duda los beneficios garantizados a los socios privados, con una Tasa Interna de Re- torno (TIR) que, según dijo, pasó del 7% a algo más del 10% y “ahora está en un 13%”.
La impugnación se produce sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la autorización del gasto y la celebración del contrato con la Agencia de Obra Pública de Andalucía para ejecu-
tar las obras de la línea procedente de Carretera de Cádiz (línea 2) hasta la zona norte. Los responsables municipales toman como pase para esta reclamación los informes emitidos por técnicos de las áreas de Ordenación del Territorio, Movilidad y Accesibilidad que subrayan la afección que la construcción del tranvía tendría sobre el entorno directo, sin que los mismos hayan sido tenidos en cuenta por la consejería.
De acuerdo con la posición de Urbanismo, el proyecto del Metro a ras de calle “altera de manera sustancial el esquema de movilidad general de la zona oeste de la ciudad, sin que los itinerarios alternativos proyectados ofrezcan las suficientes garantías”. Asimismo, no consideran que el proyecto presentado por la Junta esté completo, al “no haber contemplado las obras de urbanización necesarias para que las calles que el proyecto de la plataforma tranviaria deja en fondo de saco puedan mantener la funcionalidad y el acceso de los servicios básicos y de emergencias”.
Los propios informes del Ayuntamiento insisten en el proyecto del tramo Guadalmedina-Hospital
Civil “incumple la normativa de accesibilidad”, al establecer unas dimensiones de acerado inferiores a lo establecido. También se pone en evidencia, a juicio del Ayuntamiento, que la ordenación viaria resultante de disponer una plataforma para el tranvía en el eje Santa Elena-Eugenio Gross-Blas de Lezo deja cinco calles en fondo de saco.
Exige que se defina el trazado de la extensión, ya sea por Simón Bolívar o Arroyo de los Ángeles
Ante esta situación, el Ejecutivo local considera que la ejecución de una obra de esta envergadura requiere “un estudio que plantee alternativas de tráfico que sean compatibles con la situación actual para que ésta no resulte más agravada; o al menos, que se tomen cuantas medidas sean necesarias para minimizar la nueva situación que se pueda provocar como consecuencia de la ejecución de las mismas”. Al tiempo, se insiste en que debe garantizarse “la viabilidad real y funcional del estudio de movilidad”; se debe llevar a cabo el estudio de la alternativa de urbanización escogida por la Junta, al considerarse “débil la justificación aportada”, y se entiende como “imprescindible que se defina el trazado definitivo de la futura prolongación del tramo Guadalmedina-Hospital Civil, y sea a través de la Avenida Simón Bolívar o a través de la Avenida Arroyo de los Ángeles.