Las dudas sobre los expedientes

La Audiencia ha reabierto la causa de la formación porque alberga una serie de dudas. Así, señalan los jueces que “en el estado actual de las actuaciones, no concurren elementos bastantes para decidir si existe, como ha sostenido el fiscal, una situación de descontrol y mala administración que no rebasa el estricto ámbito administrativo; o, por el contrario, una situación de hecho en la que el sistema de control es que no había en la práctica control, conocida y tolerada por los responsables y que ha podido propiciar un mal uso generalizado de las subvenciones otorgadas y la comisión de determinados delitos investigados en otras actuaciones, en suma, un verdadero actus reus en el que asentar una eventual continuación del procedimiento”. Los magistrados señalan que no se sabe “cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice” en el informe del SAE que consta en el procedimiento, “ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados”, señalando que se trata de una cuestión “que debería acreditarse en el procedimiento”. “Tampoco sabemos, y ello nos parece un dato importante para dilucidar la naturaleza de los hechos objeto del procedimiento, en lo que atañe a los expedientes de reintegro terminados a fecha de hoy relativos a las subvenciones 2009/2012, cuántos han acabado en un efectivo reintegro o han tropezado con la insolvencia del beneficiario, disolución de la entidad concesionaria y similares”, agrega el tribunal. De igual modo, la Audiencia afirma que se desconoce “la cantidad a la que ascienden, tanto los importes reclamados en los expedientes de reintegro clasificados por anualidades, como la cantidad que importan los fallidos e incobrables por cada una de tales anualidades”.