Chaves sostiene que los jueces del caso han estado condicionados
● El ex presidente de la Junta defiende que la sentencia está contaminada por “un clima de presunción de culpabilidad”
El ex presidente de la Junta Manuel Chaves aseguró ayer que el juicio de la denominada pieza política del caso de los ERE, en el que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, se ha visto “condicionado” por un “clima de presunción de culpabilidad” generado desde la instrucción de la causa. Chaves concendió una entrevista a la Cadena Ser, en la que calificó la sentencia de “injusta” y anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo con la confianza de que “se haga justicia”.
El ex presidente admitió su “responsabilidad política” en el caso ERE, que “asumí en su momento” con la baja de militancia en el PSOE y la dimisión como diputado y admitió que “es posible” que se equivocase “en las personas y a la hora de vigilar”, pero dejó claro en ningún momento pudo “apreciar ilegalidad ni menoscabo de fondos públicos” porque no hubo aviso en este sentido de la Intervención General al Consejo de Gobierno.
“La sentencia no es firme y yo la respeto, pero no la comparto, porque tengo la convicción de la legalidad de todas las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno mientras fui presidente”, según señaló Manuel Chaves, quien quiso dejar claro que el Consejo de Gobierno “nunca tuvo una advertencia” por parte de la Intervención General de la Junta de que el procedimiento para la concesión de las ayudas a los trabajadores “fuera ilegal o pudiera producir un menoscabo de los fondos públicos”.
El ex presidente insistió en que el Consejo de Gobierno que él presidió “nunca fue advertido” de ilegalidad o de menoscabo de fondos públicos, al tiempo que señaló que es verdad que otras instancias de la administración sí recibieron algún informe en relación con esas transferencias de financiación en los que se apuntaba que podía haber alguna situación de “inadecuación”, lo que daría lugar, a su juicio, a discusiones técnicas tratando de solucionar algunos problemas. Indicó que esos informes nunca llegaron al Consejo de Gobierno y que él, como presidente, no tenía la obligación de conocer cómo era el procedimiento de concesión de ayudas ni cuánto dinero recibían los trabajadores acogidos a las pólizas.
Chaves explicó que a él se le condena porque era el presidente de un Gobierno que aprobaba los presupuestos de la comunidad donde se incluían esas ayudas y las modificaciones presupuestarias y que “llegaban con todos los trámites cumplidos”. Ha apuntado que cuando el Consejo de Gobierno aprueba el presupuesto no es un acto administrativo sino “político”.
El ex presidente también expresó, tras las manifestaciones que han estado haciendo especialmente PP-A y Podemos sobre este caso, que le sorprende que, durante diez años con diez presupuestos, ninguno de los cientos ni miles de diputados que han pasado por el Parlamento de distintos partidos políticos, que planteaban enmiendas a los presupuestos de la comunidad, advirtiera de que había percibido “ilegalidad” en las partidas presupuestarias para esas ayudas a trabajadores o en las transferencias de financiación.
Para Chaves, es evidente que a lo largo de estos años este proceso judicial ha estado sometido a “presiones políticas, mediáticas y sociales”, hasta el punto que se ha creado “un ambiente de presunción de culpabilidad de todos nosotros”. “El proceso, desde el primer momento y hasta el último momento, no se ha abstraído de este clima de culpabilidad”, ha sentenciado Chaves, quien apuntó que no sabe si ello ha “inf luido o no en los jueces”.
Chaves mostró su preocupación por que se haya acusado, especialmente desde el PP andaluz o Podemos, a los ex presidentes o ex consejeros de haber “robado el dinero de los trabajadores”, cuando eso no ha ocurrido. Indicó que los 6.400 trabajadores acogidos a los ERE están cobrando su indemnización y l a seguirán cobrando hasta el año 2025, cuando cumplan los 65 años, de tal manera que los presupuestos de la comunidad que ha elaborado el nuevo Gobierno andaluz de PPA y Ciudadanos contienen una partida de cerca de 40 millones para ese pago de ayudas.
En cuanto a los cerca de 200 intrusos que entraron en esos ERE, Chaves señaló que tendrán que ser juzgados en cada unas de las causas que se tienen que seguir llevando a cabo en los tribunales. Ha insistido en que el 90 por ciento de los más de 600 millones de euros de los que se hablan en la causa han ido destinados a los trabajadores parados que entraron legalmente en esos ERE.
Chaves recuerda que dejó su escaño y que ya no milita en el Partido Socialista