La Junta quiere paliar la crisis provocada por la pandemia con más déficit en 2022
Una senda como la que ha pactado el Ministerio de Hacienda con el Gobierno vasco permitiría a Andalucía gastar 4.100 millones más La comunidad resistirá este año gracias al dinero estatal
“Andalucía no pedirá más que nadie, pero tampoco menos que nadie”. Juanma Moreno reaccionó airado al pacto entre los gobiernos central y vasco para dotar a Euskadi de una nueva senda fiscal que permita al Ejecutivo vasco afrontar los gastos que la pandemia con un mayor endeudamiento. El presidente de la Junta, explicó, aspira a tener el mismo trato y una capacidad de endeudarse hasta el 2,6% de su PIB. El líder andaluz obvió un detalle clave en su reclamación y es que Andalucía no aspira a rebasar el déficit este año, como hará el País Vasco, sino a tener una senda fiscal más relajada dentro en 2022, que es cuando las cuentas autonómicas recibirán el envite de la pandemia.
Este desfase responde a la arquitectura constitucional, que concede un tratamiento a las regiones forales y otro a las comunidades del régimen común. “El País Vasco soporta a pulmón el gasto de este año”, apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda, al tiempo que recuerdan que el Gobierno ha dotado al resto de territorios con unos fondos extraordinarios que no han llegado al País Vasco ni a Navarra. Por ese motivo podrán alcanzar un déficit del 2,6% y el 2,3% de su PIB, respectivamente, en este 2020. Andalucía –y el resto de regiones– tiene un objetivo del 0,2% y no es descartable que pueda alcanzarlo a pesar de la pandemia.
El Presupuesto autonómico diseñado por Juan Bravo, consejero de Hacienda, mantiene su aspiración de cerrar el año en el equilibrio financiero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en su último informe, colocó a Andalucía entre las comunidades que están en condiciones de cumplir con el objetivo fijado por el Ministerio de Hacienda. Aunque no está aprobado formalmente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de febrero se acordó aumentar el límite al 0,2% del PIB y con esa cifra trabaja la Airef. Esto otorga a Bravo un colchón de algo menos de 300 millones de capacidad de endeudamiento, aunque en la Junta todavía no renuncian al déficit cero a final de año. El propio Bravo reconoce que con los 2.100 millones extraordinarios que llegarán desde el Gobierno este año y la política de “mirar el céntimo” de la Junta no debe haber grandes dificultades este año, aunque defiende que un reparto “normal” del fondo Covid habría dotado a Andalucia con “900 millones más”. “Estamos intentando contener el gasto público, no gastar nada que no sea necesario, pero no escatimar en materia social”, señala el titular de Hacienda, Industria y Energía, que también apunta a la caída de los ingresos y su recuperación en lo sucesivo, que dependerá del vigor con el que Andalucía salga de la pandemia.
El problema se dejará notar en 2021 y 2022. El reto del año próximo es la elaboración del proyecto de Presupuestos. Para ello, Hacienda tiene que conocer el techo de gasto, los ingresos que le llegarán de Madrid –que suponen hasta el 80% del total– y la senda fiscal, que debe aprobarse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que la Junta quiere que se reúna cuanto antes y, de hecho, suele celebrarse en julio. Será en septiembre, según adelantaron desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero el pasado viernes, ya que el Gobierno central estaba esperando a conocer el reparto del fondo europeo de reconstrucción y que se ha resuelto con la llegada de 72.700 millones en ayudas y una cantidad similar disponible en préstamos.
En dicha reunión, Juan Bravo reclamará a Hacienda que cuando el efecto económico de la pandemia llegue a Andalucía se le conceda un mayor endeudamiento, ese 2,6% del PIB que tienen ahora en el País Vasco y que permitiría al Gobierno andaluz endeudarse por un valor que ronda los 4.100 millones de euros. Esto, según defiende el titular de Hacienda, no es un cambio de postura respecto a sus tesis sobre el equilibrio financiero. Para argumentarlo, Bravo alude al artículo 135 de la Constitución, reformado en 2011 por la vía rápida como una exigencia de Bruselas en respuesta al apoyo de la UE a España para salir de la gran recesión de la pasada década.
En su cuarto apartado, dicho artículo establece que las restricciones que incluyó esta reforma sólo pueden eludirse “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado”. Entiende Bravo que el país está inmerso en uno de esos supuestos, que también contemplan que, una vez que pase la crisis, las Administraciones públicas deben volver a la senda del control fiscal. No se prevé que eso ocurra antes de 2023 –será en la próxima legislatura andaluza–, pero antes Andalucía requiere que el Estado le permita endeudarse, ya que el sistema de financiación autonómica reclamará en 2022 parte del dinero adelantado este año. La Junta todavía está pagando las liquidaciones de 2010 y 2011, resultado del apoyo estatal en la crisis financiera. Bravo no quiere que esto le ocurra de nuevo al Gobierno andaluz, por eso pide lo que él llama “déficit inverso”.
El control del gasto y los fondos estatales permiten que la región supere el envite en 2020