El arresto de Uribe agita la tensión de la izquierda y la derecha colombianas
El ex presidente, apoyado por el actual mandatario, Iván Duque, da positivo en la prueba de Covid-19
Las tensiones políticas entre la izquierda y la derecha revivieron en Colombia tras la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la detención domiciliaria del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), diez años después de que dejase el poder. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió Uribe.
El Supremo ordenó el arresto del ex mandatario al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia y determinó que “cumplirá la privación de la libertad en su residencia”, desde donde “podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso”.
La decisión judicial es un paso más en el caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierdas Iván Cepeda, que sin embargo es uno de los menos graves de decenas de procesos que tiene Uribe, desde injuria a supuestos vínculos con paramilitares.
El procesó comenzó en febrero de 2012 cuando el ex presidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, congresista del Polo Democrático Alternativo, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando José Luis Barceló, quien recibió el caso en el Supremo, no sólo lo archivó sino que abrió una investigación al ex presidente por supuesta manipulación de testigos. Cepeda valoró la decisión como una oportunidad “para consolidar la democracia”, y pidió al país actuar con serenidad y respetar la independencia de las instituciones judiciales.
El arresto del ex presidente expuso nuevamente la fractura política que existe en Colombia, donde la mitad del país venera a Uribe como el “salvador de la patria” por su lucha frontal contra la guerrilla de las FARC –ahora disuelta– en los ocho años de su Gobierno.
La otra mitad quiere verlo tras las rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares a la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados “falsos positivos”, pasando por la corrupción y el espionaje de opositores.
Esa polarización se hizo evidente en las reacciones a la decisión judicial e involucró incluso al actual presidente, Iván Duque, que rompió una lanza por su mentor y jefe de su partido al lamentar que a Uribe “no se le permita defenderse en libertad”. “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”, manifestó Duque.
Por otra parte, anoche se conoció que Uribe dio positivo por Covid-19 tras someterse a al test horas después de decretarse su arresto domiciliario.