LA RECONSTRUCCIÓN EUROPEA
POR fin Europa ha conseguido armar una estrategia común de futuro, tres años después del Libro Blanco sobre el futuro de Europa, en el que se recogían distintas opciones para frenar el declive del proyecto de unión política. El artífice de la proeza ha sido el Covil-19 y la iniciativa de reconstrucción denominada NextGeneration EU. Dotada con 750.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos (aproximadamente al 50%), se plantea un triple objetivo: a) recuperación y reparación de los destrozos económicos provocados por la pandemia; b) apoyo a la inversión privada y las empresas en dificultades; y c) impulso al futuro modelo económico europeo, basado en la transición ecológica y digital y en el refuerzo del mercado único.
Si se tiene en cuenta que previamente se había movilizado medio billón del Mecanismo Europeo de Estabilidad, Banco Europeo de Inversiones y de medidas de apoyo al sostenimiento del empleo (SURE) y que el BCE había comprometido un mínimo de 750.000 millones en su Programa de Compra de Emergencia Pandémica (PEPP) para desactivar las tensiones en los mercados financieros, resulta obligado reconocer que el virus ha proporcionado una vía útil de retorno a la elaboración de estrategias compartidas de futuro en la UE. España hace especial alarde de satisfacción con el avance, pero tras los grandes titulares y el autobombo existen algunas precisiones menos evidentes.
La primera es que el acuerdo es efectivamente histórico por su dimensión y porque el recurso a la deuda mancomunada tendrá una repercusión significativa sobre los mercados financieros, pero también porque la tradicional fortaleza del eje franco-alemán, reforzado en este caso con el apoyo de los otros dos grandes (Italia y España), vuelve a quedar en evidencia, frente a los “frugales”, tras el fracaso de la candidatura de Calviño a la presidencia del Eurogrupo.
La segunda, que todavía quedan trámites. Debe ser aprobado en el Parlamento Europeo, que no dejará pasar la oportunidad de hacerse notar, y ratificado en los parlamentos nacionales. Además, los beneficiarios disponen de tres años para presentar sus proyectos, que deben ser aceptados, lo que significa que el proceso puede ser lento y que cuanto mayor sea el retraso, también lo será el número de empresas caídas y empleos desaparecidos. En el caso de España se da también la circunstancia de que entre los objetivos del NextGeneration EU y los acuerdos del gobierno de coalición existen conf lictos de difícil resolución (la carga sobre el sector privado que propone Europa choca con las preferencias del gobierno por el impulso al sector público), además de que acuerdo supone aceptar una mayor vigilancia de la UE sobre las políticas económicas internas.
En tercer lugar, también está por dilucidar la capacidad de los gobiernos para encontrar los proyectos adecuados a la aplicación de los fondos. Puede que Italia y España lo tengan especialmente difícil por su estrecho margen de maniobra con recursos propios, debido al elevado endeudamiento del sector público, a lo que habrá que añadir, en el caso de España, la tensión sobre criterios de reparto y coordinación con comunidades autónomas.