UN DESAFÍO PARA LA AGRICULTURA ESPAÑOLA
TRAS el Consejo Europeo del 20 de julio, la PAC 2021-2027 entra en su fase final. Dispondrá de un presupuesto global de 387.184 millones de euros para los próximos siete años, a lo que habrá que añadir la parte que le corresponda al sector agrario del Fondo de Recuperación Económica.
Es una buena noticia que, en un contexto lleno de dificultades ( Brexit, pandemia, crisis económica…), se haya mantenido el presupuesto de la PAC en niveles similares a los del periodo anterior (en valores corrientes). También es positivo que la agricultura española reciba la importante inyección económica de casi 7.000 millones de euros anuales (sobre nacional) en ese periodo.
Hay ya excelentes análisis económicos sobre la nueva PAC, a los que remito al lector. El objetivo de mi artículo es hacer una lectura política, no económica, del proyecto ya casi definitivo de la PAC 2021-2027, y que, en sus aspectos fundamentales, no sufrirá cambios importantes a su paso por los “trilogos” (negociaciones entre Comisión, Parlamento y Consejo de Agricultura).
LOS “PLANES ESTRATÉGICOS NACIONALES”
La principal novedad de la PAC 2021-2027 es la figura de los “planes estratégicos nacionales”. Gracias al amplio margen de maniobra que tendrán los estados miembros en la elaboración de estos “planes”, el Gobierno español tendrá capacidad para definir las acciones más adecuadas a la realidad de nuestra agricultura, en colaboración con las consejerías de agricultura de comunidades autónomas, las OPA, las cooperativas y demás actores del sistema de gobernanza.
Sin embargo, para aprovechar de forma eficiente los recursos que recibirá nuestro sector agrario, hay que vencer las inercias del pasado. Una de ellas es pensar que el “sobre nacional” es un fondo interterritorial y trocearlo en 17 “sobres regionales”, uno por comunidad autónoma. Continuar con ese método sería un error.
Los recursos de la PAC no son un fondo de compensación territorial. Han de servir, sin duda, para complementar las rentas agrarias. Pero también deben servir para impulsar reformas, en línea con los objetivos generales de la UE en cambio climático, transición ecológica y digitalización, y con las prioridades que marque nuestro “plan estratégico nacional” (instalación de jóvenes, mejora de la cadena alimentaria, programas sectoriales…). Obviamente, las singularidades de las agriculturas regionales deben ser reconocidas, pero integrándolas en un solo “plan estratégico nacional”.
ASUNTOS POR DEFINIR
Hay varios asuntos por definir. Uno de ellos es la definición de “agricultor genuino”, es decir, del agricultor con derecho a recibir las ayudas de la PAC. El MAPA propone que sea aquél que ingrese de la agricultura entre el 20-30% de sus ingresos totales, y propone también un régimen especial para los pequeños productores. Junto a lo anterior, es intención del MAPA eliminar de forma gradual los llamados “derechos históricos”, a fin de no limitar la entrada de nuevos beneficiarios de la PAC (en especial, de los jóvenes que se instalan por primera vez).
Otro asunto es la reducción de las actuales 50 regiones agrícolas, para disminuir las diferencias por razones geográficas entre los perceptores de ayudas y favorecer la convergencia. También está el tema de fijar un tope máximo de 100.000 euros por beneficiario en las ayudas directas, una limitación que el MAPA se ha comprometido a establecer. Mención aparte merecen los llamados “ecoesquemas”. Con estos programas, los agricultores pueden complementar la ayuda básica a la renta si introducen prácticas más respetuosas con el medio ambiente y más proactivas en la lucha contra el cambio climático.
MÁS EFICIENTE E INNOVADORA
Con la nueva PAC la agricultura española tiene la oportunidad de ser más eficiente e innovadora para afrontar los retos del Pacto Verde Europeo. Le corresponde al MAPA impulsar y coordinar ese desafío.
De poco vale lamentarse sobre si los fondos de la PAC podrían haber sido mayores. La importante cantidad de recursos que recibirá el sector agrario hay que aprovecharla para avanzar en la modernización digital, la transición ecológica y el relevo generacional. La nueva PAC no puede resolver todos los problemas de nuestra agricultura, pero, con los “planes estratégicos”, puede ser un factor que impulse una política agraria con sentido de Estado. El MAPA parece decidido a empeñarse en este reto. Esperemos que las comunidades autónomas y el propio sector agrario lo acompañen en esta ardua tarea.
La nueva PAC no puede resolverlo todo pero, con los “planes estratégicos”, puede ser un factor que impulse una política agraria con sentido de Estado