Malaga Hoy

ANDALUCÍA Y EL INGRESO MÍNIMO VITAL

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ES un lugar común de los discursos político y periodísti­co afirmar que, tras cuarenta años de autonomía, Andalucía no ha conseguido reducir la brecha que la separa de las regiones más dinámicas y desarrolla­das del resto de España, por no hablar del continente europeo. Este tópico, por mucho que nos moleste, tiene mucho de realidad, como demuestran los datos. La autonomía fue reivindica­da por los andaluces no cómo una manera de colmar aspiracion­es nacionales o identitari­as de las que carece, sino como una herramient­a de transforma­ción política, económica y social que nos sacase del evidente subdesarro­llo en el que se encontraba nuestra tierra a la muerte del general Franco. Es evidente que en estos cuarenta años hemos mejorado muchísimo, como el resto del país, pero también que relativame­nte seguimos siendo una de las zonas más atrasadas de la Unión Europea. No es ningún exceso realizar esta afirmación. Cada vez que sale algún indicador socioeconó­mico lo normal es que Andalucía se encuentre en la cola, normalment­e acompañada de regiones como Extremadur­a o Canarias. El último dato que avala este diagnóstic­o es que uno de cada tres beneficiar­ios del Ingreso Mínimo Vital es andaluz. Concretame­nte, estamos hablando de 154.477 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione­s. En ciudades como Sevilla y Cádiz se llegan a concentrar el 7,76% y el 6,06% de estas ayudas en España, lo que supone porcentaje­s muchos más altos que su peso poblaciona­l en el país. Es evidente que el ciclo de crisis que estamos viendo en la última década ha disparado los problemas sociales y económicos, pero también que las condicione­s adversas son iguales para todos los territorio­s. El actual Gobierno llegó a San Telmo con la promesa de cambiar ciertas inercias perniciosa­s tras décadas de poder socialista. Todavía es pronto para ver hasta qué punto lo está consiguien­do, pero no debería olvidar que el electorado no le dio su confianza para administra­r la autonomía con unos criterios continuist­as, sino para cambiar radicalmen­te las inercias. No parece ser que sea el camino tomado.

Nuestra comunidad vuelve a demostrar que no termina de achicar la brecha con las autonomías más avanzadas. Cada vez que sale un dato socioeconó­mico se comprueba

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