Villalobos alega que no intervenía en la tramitación de las subvenciones
● El presidente de la Diputación de Sevilla declara que no sabe datos de las ayudas a ‘Una pará en Gines’
Villalobos se remite a la tramitación de los expedientes. El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, alegó ayer en su declaración ante el juez José Ignacio Vilaplana, que investiga cuatro subvenciones excepcionales concedidas al evento denominado Una Pará en Gines, que no intervenía en la tramitación de las ayudas objeto de la investigación.
En una breve comparecencia que se prolongó por espacio de 20 minutos y en la que sólo respondió a las preguntas de su abogado, el presidente de la Diputación explicó al juez no puede aportar datos sobre las cuatro subvenciones que se investigan porque cada año firma “7.000 resoluciones” y gestiona un presupuesto de 400 millones, y el presidente “no interviene” en la tramitación de los expedientes de las ayudas, según explicaron a este periódico fuentes del caso.
Además, Villalobos mostró su confianza en los funcionarios que intervienen en la tramitación de estos expedientes y con esa gartantía firmó dichas resoluciones de concesión de ayudas, según las mismas fuentes.
Las cuatro “subvenciones excepcionales” por las que ha sido imputado Villalobos fueron concedidas por la Diputación entre los años 2007 y 2011 por un importe total de 22.000 euros para financiar algunos eventos incluidos en Una Pará en Gines, como un espectáculo ecuestre de bandoleros y otro titulado Aromas del Guadalquivir, así como para el pago de gastos de alquiler, montaje y desmontaje de 100 boxes.
Tras la declaración de Villalobos, el juez tomó declaración a otros dos investigados, el secretario general de la Diputación, Fernando Fernández-Figueroa, y el interventor de la Corporación, Eduardo López Vitoria, mientras que otras tres declaraciones fueron aplazadas.
El secretario de la Diputación declaró que los peritos de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) han analizado estas subvenciones con la legislación nacional, pero no con la autonómica, y precisó que el hecho de que sean subvenciones excepcionales no significa que no se pueda dar una por año, puesto que las mismas se conceden para realizar actuaciones de interés para los ayuntamientos y en ese caso también son relevantes para la Corporación provincial.
Tanto el secretario como el interventor indicaron que a la hora de revisar las subvenciones se analiza la legalidad del acto, no la finalidad política, y así el secretario puso como ejemplo que en el caso de dar una ayuda al mundo de los toros hay partidos a favor y otros en contra, pero la labor de los técnicos consiste en analizar la legalidad, porque la finalidad de la misma es una cuestión política.
En el auto en el que citó como investigado a Villalobos, al secretario y al interventor de la Diputación, el juez José Ignacio Vilaplana relata que estas subvenciones
–de 6.000 euros cada una en los años 2007, 2009 y 2010, y de 4.000 en el año 2011– habrían sido concedidas “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”, según pusieron de manifiesto los peritos de la IGJA.
Los peritos destacaron que no existe en el “expediente” administrativo documental alguna justificativa del carácter “singular” y “excepcional” de la ayuda, que fueron supuestamente otorgadas por razón de “interés público o social”. Sin embargo, constan diversos documentos, como notas de régimen interno del jefe de gabinete de Presidencia, el ex diputado socialista Antonio Pradas dirigidas al secretario general de la Diputación que revelarían que ese carácter excepcional “habría sido así considerado y determinado por voluntad del presidente”.
El secretario y el interventor avalan la legalidad de las cuatro subvenciones