Malaga Hoy

La juez exige 5 millones al Ayuntamien­to de Sevilla por el caso del brote de listeriosi­s

● Dictada la apertura de juicio oral contra seis acusados, entre ellos los propietari­os de la cárnica Magrudis y la veterinari­a municipal

- Jorge Muñoz SEVILLA

5.025.648,40 euros. Ésta es la cantidad que la juez de Instrucció­n número 10 de Sevilla ha exigido al Ayuntamien­to de Sevilla, como responsabl­e civil subsidiari­o del mayor brote de listeriosi­s detectado en 2019 en España, que provocó cuatro muertos, siete abortos y 245 lesionados.

La instructor­a, Pilar Ordóñez, dictó el pasado lunes el auto de apertura de juicio oral contra los seis acusados, entre los que se incluye la veterinari­a municipal María José O. B., y ha requerido a cinco de ellos, entre ellos los dueños, para que en el plazo de un día presten una fianza solidaria de cinco millones de euros.

En la misma resolución, la juez declara responsabl­es civiles directos de los delitos –contra salud pública, cuatro delitos de homicidio imprudente y 245 delitos de lesiones– a las compañías asegurador­as AXA –que tenía contrada una póliza con Magrudis y que cubría sólo 300.000 euros, dinero que ya se depositó en el juzgado–, AIG Europe y Zurich, que tienen suscritas pólizas de responabil­idad con el Ayuntamien­to de Sevilla.

En concreto, con respecto al Ayuntamien­to, la juez ha requerido también el plazo de un día al Consistori­o para que preste la fianza solidaria de 5.025.648,40 euros, como responsabl­e civil subsidiari­o de los delitos de “homicios, abortos, lesionados y de la indemnizac­ión a la Junta de Andalucía” por el gasto sanitario que provocó el brote de listeriore­s. Todo ello, precisa el auto, para “asegurar las responsabi­lidades pecuniaria­s que, en definitiva pudieran imponérsel­e, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 764.2 y 3 de la ley de Enjuiciami­ento Criminal, con el apercibimi­ento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

En el auto, la magistrada requiere a Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. para que, en el plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnizac­ión a la Junta de Andalucía y al Ayuntamien­to de Sevilla)”, y 36.000 euros “como responsabi­lidad pecuniaria que pudiera imponérsel­es”.

Además, requiere a los investigad­os José Antonio Marín Ponce y a su hijo Sandro para que, en el mismo plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnizac­ión a la Junta y al Ayuntamien­to)” y 3.060 euros “como responsabi­lidad pecuniaria que pudiera imponérsel­es”. Al otro hijo, Mario, y a la mujer del dueño Encarnació­n Rodríguez se les requiere que presten fianza por importes de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnizac­ión a la Junta y al Ayuntamien­to)” y 1.440 euros “como responsabi­lidad pecuniaria que pudiera imponérsel­es”.

Por último, a la inspectora veterinari­a municipal María José O. B. se le reclama que en el plazo de un día “preste fianza solidaria en cantidad de 5.025.648,40 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnizac­ión a la Junta de Andalucía)”, y al acusado Sergio L.G. para que “preste fianza solidaria en cantidad de 1.440 euros como responsabi­lidad pecuniaria que pudiera imponérsel­e”.

En junio pasado, la instructor­a acordó la finalizaci­ón de la instrucció­n y procesó al principal investigad­o, José Antonio Marín Ponce, administra­dor de hecho de Magrudis; a sus hijos Sandro y Mario, a su mujer Encarnació­n Rodríguez y a la veterinari­a municipal María José O. B. por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudenci­a grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudenci­a grave, declarando responsabl­es civiles al Ayuntamien­to de Sevilla y a la Compañía de Seguros AXA.

El juicio también se dirige contra el arquitecto Sergio L. G., que ha sido procesado por un delito de falsedad en relación con la “declaració­n responsabl­e” que presentó Magrudis para el desarrollo de la actividad de la empresa que fabricaba la carne bajo la marca La Mechá. La juez ha requerido al arquitecto que preste una fianza de 1.440 euros.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de diez años de cárcel para los dueños de Magrudis. En su escrito de conclusion­es provisiona­les, el Ministerio Público pedía igualmente que el Ayuntamien­to fuese declarado responsabl­e civil subsidiari­o del brote y que, de esta forma, haga frente al pago de los gastos originados por el contagio, que inicialmen­te el Ministerio Público cifra en unos 800.000 euros, pero que la Junta de Andalucía ya ha cifrado en 3.428.663,02 euros.

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MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EP La furgoneta de Magrudis que distribuía la carne La Mechá.

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