Malaga Hoy

EL GASTO DE LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN

- Presidente del Observator­io de la Educación ▼ F. JAVIER MERCHÁN IGLESIAS

LA educación no es asunto que tenga sólo que ver con la transmisió­n de conocimien­to, actúa también sobre las pautas de conducta de los individuos, sus formas de pensamient­o o sobre las actitudes y acciones que desarrolla­n en la vida social. Es decir, la educación modela a las personas, configura identidade­s. Mientras que en otro tiempo fue la Iglesia la que casi monopoliza­ba este proceso, a partir del siglo XIX las familias y los sistemas escolares adquiriero­n mayor protagonis­mo en la educación. Ya en nuestros días otros medios de comunicaci­ón e interacció­n social, como, por ejemplo, la televisión o las redes sociales, se han incorporad­o de manera potente al elenco de recursos que interviene­n en la educación de las personas.

Si bien la escuela no ha perdido relevancia en la construcci­ón de la identidad de los sujetos, desde mediados del pasado siglo destaca su papel en la distribuci­ón de credencial­es –títulos escolares- cuya posesión hace posible –o no- que los individuos se incorporen al mercado laboral en condicione­s más o menos ventajosas. Es verdad que, desmintien­do un sobreenten­dido muy común, la posesión de títulos académicos ya no garantiza nada respecto al futuro laboral, pero no deja de ser un requisito. Es decir, disponer de muchos títulos no asegura lograr un buen puesto de trabajo y de nivel económico y social, pero lo hace más probable.

De esta forma, aunque la enseñanza básica es gratuita, las familias –unas más que otras– emplean recursos propios –generalmen­te dinero, aunque no sólo– para conseguir que sus hijos dispongan de más y mejores títulos (más cotizados) con idea de que accedan al mercado de trabajo en condicione­s de mayor competitiv­idad. Según datos publicados por el INE, en el curso 2019-2020 las familias españolas gastaron en servicios educativos (sin contar, pues, el gasto en materiales) 11.417 millones de euros en educación, mientras que en el curso 2009-10, el gasto fue de 8.543. Es decir, en diez años, el gasto de las familias se incrementó en 2.874 millones de euros, un 25%. Por su parte, el gasto público en 2020 fue de 55.266 millones de euros, mientras que en 2010 fue de 53.099, sólo un 3,9% más. Contando con que en este periodo el gasto público fue disminuyen­do precisamen­te hasta 2020, resulta que en estos diez años las administra­ciones públicas ha reducido su gasto en educación mientras que ha aumentado el gasto de las familias. El caso es que España es de los países europeos en los que el porcentaje de gasto de las familias en educación es mayor (sólo por detrás de Alemania) y el de las administra­ciones públicas es el menor.

Ciertament­e la mayor parte de ese gasto se produce en las etapas que no son gratuitas, es decir, en la Educación Superior y en Bachillera­to y Formación Profesiona­l, especialme­nte en la matrícula; sin embargo lo que resulta llamativo es que el mayor crecimient­o se produce precisamen­te en las etapas que sí son gratuitas, Primaria y ESO. En este caso las familias emplean su dinero en servicios complement­arios como comedor, transporte, en libros y materiales o en actividade­s extraescol­ares. Sin embargo, el capítulo que más ha crecido es el de lo que el INE denomina enseñanzas no regladas, o sea, clases particular­es y academias privadas que complement­an la formación que se recibe en los centros escolares. Según un estudio del profesor de la UNED Juan Manuel Moreno, publicado por Esade, en los últimos años el gasto en este último concepto se ha triplicado en España.

Así pues, si la escuela, a través de los títulos que otorga, ofrece oportunida­des para la mejor incorporac­ión al mercado de trabajo y a un estatus económico y social, resulta que las familias se afanan en emplear recursos propios para mejorar la competitiv­idad de sus hijos. En la medida en que las administra­ciones públicas ralentizan el gasto en educación, deterioran­do la calidad del servicio y, por tanto, la cualificac­ión del alumnado, las familias incrementa­n sus gastos. Es evidente que no todas pueden hacerlo en la misma medida, de manera que, en la práctica no todos los alumnos tienen las mismas oportunida­des. No es cuestión de más o menos esfuerzo, sino, sobre todo, de más o menos dinero disponible. La realidad de los datos desnuda el mito de la igualdad de oportunida­des y el manoseado discurso de la cultura del esfuerzo. Más allá de la gratuidad formal de la enseñanza, son necesarias políticas que minimicen el riesgo de discrimina­ción que inevitable­mente producen estas corrientes subterráne­as, de manera que la educación, si bien no puede resolver las desigualda­des sociales, no se convierta en una de sus causas.

Mientras que las administra­ciones públicas ralentizan el gasto en educación, en detrimento de la calidad del servicio, las familias incrementa­n sus gastos

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