Registros en Marbella en una gran operación europea contra el fraude fiscal
● La Guardia Civil desplegó ayer un operativo en el municipio, donde inspeccionaron un despacho de abogados y un chalé
La Fiscalía Europea, en cooperación con las fuerzas del orden de 14 Estados miembros de la Unión Europea, ha practicado más de 200 registros simultáneos en diferentes países en relación con una compleja trama de fraude del IVA basada en la venta de productos electrónicos populares que supera los 2.200 millones de euros. Una de estas inspecciones se ha producido en el despacho de abogados Lawbird Legal Services, localizado en el centro de Marbella.
A primera hora de ayer martes, varias patrullas de la Guardia Civil se desplegaron en la avenida Ricardo Soriano para registrar esta oficina, y en un chalé ubicado también en el municipio marbellí, donde practicaron un registro domiciliario. Estas inspecciones se enmarcan en una macrooperación internacional bautizada como Almirante llevada a cabo por la Fiscalía Europea –The European Public Prosecutor’s Office (EPPO)–.
Según fuentes cercanas a los hechos, la investigación continúa ahora sobre los grupos de delincuencia organizada que están detrás de esta trama.
La primera pista llegó en abril de 2021 cuando la Agencia Tributaria de Coimbra (Portugal) detectó que una empresa dedicada a la venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos estaría cometiendo fraude en el IVA. Dos meses más tarde, las autoridades portuguesas denunciaron el caso a la Fiscalía.
Aunque todo parecía estar en orden, decidieron ir más allá y se inició una investigación conjunta con fiscales europeos, analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y representantes de la Europol. Establecieron conexiones entre la empresa sospechosa en Portugal, cerca de 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas de distintos países.
Tras 18 meses desde el informe inicial, la Fiscalía saca ahora a la luz lo que cataloga como “el mayor fraude de carrusel de IVA jamás investigado en la Unión Europea”. Y es que las actividades delictivas se extienden por los 22 estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Suecia y Polonia, junto con terceros países como Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Más allá de la magnitud de los daños, la Fiscalía destaca de este fraude “la extraordinaria complejidad de la cadena de empresas”. Desde aquellas que actuaban como proveedores de aparatos electrónicos, pasando por las que reclamaban a las autoridades fiscales nacionales la devolución del IVA mientras vendían estos aparatos en línea a clientes particulares –y, posteriormente, canalizaban el producto de estas ventas en paraísos fiscales, antes de desaparecer ellas mismas– hasta las que blanqueaban el producto de esta actividad delictiva.
Según el relato de las mismas fuentes, todas esas actividades no hubieran sido posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, que cumplían funciones específicas en el esquema general. “Han evitado ser detectados durante años trabajando a nivel transnacional casi con una lógica industrial”, precisan.