Críticas a los candidatos, tanto en el Congreso como en la judicatura
El Gobierno ha propuesto a Juan Carlos Campo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, uno de los dos nombres que el Ejecutivo ha designado para renovar la institución. El otro es el de Laura Díez Bueso, catedrática de Derecho Constitucional y, como Campo, de marcado perfil político, lo que ya ha provocado las críticas en tropel de los partidos de la oposición.
De 61 años y ministro de Justicia hasta hace un año, Campo nació en Osuna, aunque toda su carrera como juez y político la ha desarrollado desde la provincia de Cádiz. Por su parte, Díez Bueso ha ocupado diversos cargos públicos en Presidencia del Gobierno durante cuatro años.
Con estos nombramientos, Pedro Sánchez planta cara al PP en el doble ámbito del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El obstáculo de la renovación del Constitucional es que el relevo de cuatro de sus miembros corresponde a dos vocales de parte del Gobierno y a otros dos que nombra el CGPJ. Esta última institución, de mayoría conservadora, se resiste a elegir a sus dos vocales, lo que abre la du
La propuesta del Gobierno fue recibida con críticas generalizadas en el Congreso, donde los grupos, con la excepción del PSOE, censuraron la politización de este órgano. Entre los críticos figuró el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, informado el lunes a última hora y que no pudo discutir “los nombres y su idoneidad”, lamentó Jaume Assens,
da de si eso es un impedimento legal para renovar a los otros dos. Corresponde ahora al TC validar la propuesta del Gobierno.
Fuentes socialistas explicaron a este medio hace una semana que Sánchez estaba decidido a renovar el Constitucional, que pasará a tener mayoría progresista, a pesar de los impedimentos que le estaba poniendo el CGPJ. Lo que casi nadie sabía es que Campo estuviera en la mente del presidente.
Campo es un hombre de confianza de Sánchez, que lo nombró ministro de Justicia en enero de 2020, aunque lo sacó del Consejo que acusó al PSOE de “cinismo” por el veto previo a Victoria Rosell como vocal en el CGPJ. PP y Vox recriminaron por su parte a Pedro Sánchez de autoritarismo. Cuca Gamarra, portavoz de los populares en la Cámara, denunció que “el Gobierno se nombra a sí mismo magistrado del Constitucional” e interviene en el órgano que comprueba la constitucionalidad de sus actos, algo que no
de Ministros en julio de 2021 para sorpresa, incluso, del afectado.
Su carrera judicial no estaba dirigida hacia la política, pero en los 90 asesoró, como independiente, a la entonces consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía, Carmen Hermosín, en el traspaso de las competencias de Justicia. A partir de ahí inició una relación con el PSOE que le ha llevado a ser una de las personas de referencia del partido en el turbulento mundo de las relaciones entre la política y la justicia.
Desde que fuese nombrado director general de Relaciones con cree que vaya a pasar desapercibido en las instituciones europeas. Vox ha ido más allá y su presidente, Santiago Abascal, tildó al jefe del Ejecutivo de “autócrata que sabe que solo podrá destruir España si destruye la independencia de todas las instituciones que aún quedan en pie”. Tres de las cuatro asociaciones judiciales criticaron el perfil de los candidatos, porque su designación “deteriora” la “imagen de imparcialidad” de la institución. Juezas y Jueces para la Democracia, al contrario, mostró su respeto.
la Administración de Justicia de la Junta en 1997, ha alternado cargos políticos con destinos de juez. Ha sido secretario de Estado de Justicia con Rodríguez Zapatero, diputado por Cádiz en dos legislaturas y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es un perfil similar al de Enrique López en el PP, que ahora es consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y también ha sido magistrado del Constitucional.
Cuando cesó como ministro de Justicia, Campo ocupó un puesto como juez en la Audiencia Nacional, en Madrid, donde también vive su actual pareja, la presidenta del Congreso Meritxell Batet. Todo indicaba que el ex ministro no volvería a la política, por lo que fuentes socialistas han acogido con sorpresa la decisión. De hecho, sonaban otros nombres: Pablo Lucas, magistrado y catedrático de Constitucional en la Universidad de Córdoba, y Javier García Roca, catedrático de la misma materia en la Complutense.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió ayer la idoneidad de sus dos candidatos como magistrados del Constitucional, lo que incluye cuatro condiciones: ser español, jurista, sumar 15 años de ejercicio profesional y gozar de una reconocida competencia.
Los problemas de Campo, como el de Díez Bueso, no provienen de su relación con la política, en cuanto el Constitucional no es, además, un órgano jurídico, sino de interpretación de la Constitución. El PP eligió, antes, a magistrados que fueron previamente diputados, como Andrés Ollero, e incluso un presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, ocultó al Senado que militaba en el Partido Popular.
El obstáculo es que el Constitucional se renueva de modo parcial, y el tramo que toca en estos momentos corresponde al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. Una sentencia de este tribunal, la 191/2016, resuelve que el Congreso y el Senado pudieran ir desacompasados en la renovación del tramo que corresponde a las dos cámaras.
Ambos candidatos tendrán que abstenerse de los asuntos en los que hayan intervenido desde sus anteriores cargos. Campo fue el ministro de Justicia que aprobó los indultos a los condenados por el procès, mientras que Díez Bueso fue asesora del Govern catalán para la reforma del Estatut.
El primero debería también inhibirse en asuntos en los que haya podido intervenir como juez y en todos los proyectos de ley en los que estuvo implicado su Ministerio, así como de los que tuvo conocimiento cuando estaba en el Consejo de Ministros.
Juan Carlos Campo es el hombre del PSOE en el agitado mundo de los jueces y la política