El CNI se ampara en la ley para rehusar responder en la Eurocámara por el caso del espionaje con Pegasus

La presidenta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, Esperanza Casteleiro Llamazares, se amparó ayer en la ley de secretos oficiales para no responder a las preguntas de los eurodiputados en la comisión de investigación sobre el programa Pegasus que ha creado la Eurocámara.

Existe “la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo; no lo puedo hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de secretos oficiales del Parlamento español”, dijo Casteleiro ante la Eurocámara, que analizó el caso español.

La directora del CNI aseguró, no obstante, que intentará “contestar por escrito” a las 28 preguntas que le plantearon los eurodiputados para las que la ley “no exija secreto”.

La más repetida fue la relativa a si el CNI ha contratado el programa Pegasus a la empresa israelí NSO, cuestión que le plantearon a Casteleiro varios eurodiputados, además del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Casteleiro señaló que “todas las actividades del CNI están regidas por el principio de legalidad” y requieren una “autorización judicial previa”.

“Todos los expertos, sin excepción, que han comparecido en esta comisión han dicho que son herramientas desproporcionadas y sin ningún tipo de limitación”, respondió Puigdemont, que quiso saber si el presidente del Gobierno o el Ministerio del Interior tuvieron acceso a los informes de los espiados o si aún se está espiando a sus abogados.

Sobre el caso que afecta al dispositivo móvil de Pedro Sánchez y dos ministros, el periodista Ignacio Cembrero, supuesta víctima también de Pegasus por parte de Marruecos, aseguró que las explicaciones del Ejecutivo “no son creíbles” y que el anuncio sobre el espionaje a miembros del Gobierno se hizo para contrarrestar el efecto del espionaje a los independentistas.