Visados y controles biométricos
● Si Gibraltar no entra en la zona Schengen, España planea activar a partir de mayo de 2023 un sistema de reconocimiento facial para agilizar el tránsito de las personas por la frontera
La posibilidad de que las negociaciones entre la Comisión Europea (CE) y Reino Unido sobre Gibraltar fracasen y el Peñón se mantenga como un área ajena a la zona Schengen conllevaría la obligación para España de realizar controles “sistemáticos y exhaustivos” en el paso fronterizo, que harían más complejo el tránsito para los ciudadanos gibraltareños. Por ejemplo, con la exigencia de obtener un visado.
España y Reino Unido alcanzaron un acuerdo el 31 de diciembre de 2020, a pocas horas de la Nochevieja, que preveía la demolición de cualquier “barrera física” (la Verja) entre la colonia británica y España, así como un sistema de doble llave (en manos gibraltareñas y españolas) para entrar a través del puerto y aeropuerto del Peñón. Todo esto era consecuencia de la aceptación por parte de Gibraltar de las partes más relevantes del acervo Schengen.
Sin embargo, el pasado miércoles, el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, sorprendió con unas declaraciones en la GBC en las que se mostraba partidario de que Gibraltar permanezca como zona ajena a ese tratado, que permite la libre circulación de personas y mercancías. Y ello, pese al citado acuerdo de Nochevieja y a las conversaciones que la CE y Reino Unido llevan a cabo desde hace más de un año para la creación de un área de prosperidad compartida.
La Comisión Europea y Reino Unido mantienen durante toda la negociación una tira y afloja por quién se encargará de controlar la entrada en el espacio Schengen. El primero afirma que deben ser agentes españoles, con el apoyo de Frontex durante cuatro años y, el segundo, pretende que se encargue Frontex en solitario.
Para evitar el endurecimiento de los controles, Fabián Picardo afirma que Reino Unido ha propuesto la creación de una “zona común de viaje” que aliviaría los controles de un modo parecido al que se realiza entre las irlandas.
Según la normativa de control de las fronteras, para acceder a la UE (en este caso, España) por un periodo de duración inferior a tres meses (turismo, negocios, estudios), los nacionales de terceros países tienen que presentar su pasaporte en vigor y visado en caso necesario. Solo están exentos de este requisito los países que han alcanzado acuerdos particulares para eliminarlo. No es el caso de Reino Unido.
El Código de fronteras Schengen exige también “estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista y disponer de medios de subsistencia suficientes”. En el caso de España, a petición de las autoridades, la persona debe demostrar estar en posesión de un mínimo 100 euros por día de estancia (mínimo de 900). Además, se podrá exigir documentación acreditativa del objeto de la visita, como la reserva de hotel o viaje concertado, la invitación a un congreso o la matrícula en un curso. Si no se posee esa documentación, no se puede acceder a España. El requerimiento es potestativo; los agentes de frontera pueden hacerlo, o no, en función de la situación del paso fronterizo y su criterio.
Ya el pasado mes de abril, España comenzó a aplicar esta normativa en la Verja para los nacionales de terceros países no residentes en Gibraltar. Los agentes de la frontera comenzaron a requerir la documentación sobre el objeto de la visita, como una reserva de hotel o carta de invitación, lo que supuso limitar los habituales tránsitos para compras u ocio que antes realizaban los extranjeros en estancias de trabajo, turistas llegados en cruceros y militares de la base, principalmente de nacionalidad británica. Para los residentes en el Peñón no ha habido cambios, pero si la intención de Picardo prevalece, los habrá.
En un documento publicado por el Gobierno de Gibraltar el pasado mes de febrero, aparece que en el caso de que España tuviera que aplicar el código Schengen, “se esperan largas demoras en la frontera”, al menos en la parte llanita.
“Estos retrasos serán peor durante las horas pico de cruce. Los nuevos controles incluirían el sellado sistemático de pasaportes, controles con respecto al número de días que se pasan en el espacio Schengen y consultas que podrían conducir a un interrogatorio mayor por parte de los guardias fronterizos”, afirmaba el Ejecutivo en una guía en la que se especifica que sería la misma “posición” que en cualquier frontera Schengen. Es decir, que no sería una excepción.
PASILLOS BIOMÉTRICOS EN LA PARTE ESPAÑOLA
En la parte española, el Gobierno activó en septiembre de 2021 en el paso fronterizo (en periodo de pruebas y de forma intermitente) los primeros sistemas tecnológicos de inspección de personas que entrarán en funcionamiento en el país, dentro del proyecto europeo de pasillos biométricos o de reconocimiento facial de pasajeros. Estos deberán dejar constancia una vez de su nombre y apellidos, pasaporte, huellas dactilares y de sus rostros, para que el sistema puede identificarlos en las sucesivas ocasiones y pasen por la frontera casi sin parar.
Este sistema, denominado de entrada y salida en dos pasos, fue puesto en marcha por la Agencia
Picardo sostiene que prefiere quedarse fuera del tratado de libre circulación
La Roca ha aplazado hasta el mes de marzo la puesta en marcha del túnel de entrada
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) junto al Cuerpo Nacional de Policía con vistas a su aplicación definitiva antes de 2024, al margen de si se alcanzaba o no un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el Peñón. La idea de España es que el sistema sea operativo en mayo de 2023, de tal forma que, al menos en su lado de la Verja, no haya colas.
EL TÚNEL BAJO EL AEROPUERTO
Otra medida que agilizaría mucho el paso por la Verja, en este caso tomada por el Gobierno de Gibraltar, sería la puesta en funcionamiento del túnel bajo el aeropuerto, que permitiría la entrada y salida de vehículos sin estar sujetos a la interrupción del tráfico por el trasiego de aviones. Según explico Picardo a la GBC, la apertura de esta infraestructura, que comenzó a construirse en 2008 y estaba previsto inicialmente que concluyeran en 2010, se retrasará hasta marzo de 2023. Tras un litigio inicial con la empresa constructora que ya quedó atrás pero provocó un atraso de años, desde hace meses se están realizando pruebas para comprobar la seguridad del túnel antes de abrirlo al tráfico.