JUSTICIA CONSTITUCIONAL CREÍBLE
LA justicia constitucional posee una especial relevancia en momentos de transición política, cuando es necesario consolidar la fuerza normativa de la Constitución y un léxico de los derechos. Su importancia decae cuando una democracia está consolidada y podría incluso volverse prescindible. Esta tesis, que desarrolló con fortuna un maestro del derecho público, Cappelletti, y que transmitimos a los alumnos cuando explicamos el Tribunal Constitucional, merece ser puesta en entredicho. La democracia constitucional, esa forma de gobernarnos que se afirma sólo después de dos guerras mundiales y que geográficamente está bien delimitada, no tiene asegurada su permanencia y atraviesa por ciclos críticos donde, ante ciertas adversidades, la voluntad constitucional de sus actores y de los propios ciudadanos decae. No creo que sea exagerado decir que nos encontramos en unos de esos ciclos y que es precisamente aquí cuando resulta trascendental para que el edificio resista, contar con instituciones que mantengan su autoridad y veracidad frente a los ciudadanos. De entre todas ellas, por su capacidad para integrar el conflicto a través de un discurso jurídico racional, para hacer política constitucional, el Tribunal Constitucional es la más importante.
El término veracity en la tradición política anglosajona hace alusión a lo que da confianza, a lo que es honesto y actúa conforme a un patrón racional de corrección. Es castellano creo que la traducción correcta sería credibilidad. En un momento de específica dificultad y desorden como el que vivimos, es capital que nuestro Tribunal Constitucional sea creíble en su función como máximo intérprete y garante de nuestra norma fundamental. Cuenta para ello con un gran bagaje histórico de trabajo y precedentes y un cuerpo excepcional de letrados. Pero todo ello no valdrá nada, en términos de credibilidad, si, desde de la lógica de la facción, se carece de un mínimo sentido de la institucionalidad en la selección de sus magistrados. Es cierto que contamos con antecedentes de este desprecio a la institución en anteriores renovaciones, pero es la regla del “y tú también” la que está corroyendo nuestra vida política. Por eso, sólo cabe decir que el hecho de que el Gobierno haya nombrado a un antiguo miembro suyo como magistrado del Constitucional es el último y, por ello, el peor acto contra la credibilidad de la institución, sólo a la altura de actitud filibustera del CGPJ. Si la fe en nuestra loable ficción constitucional se diluye, que cada palo aguante su vela.
Si la fe en nuestra loable ficción constitucional se diluye, que cada palo aguante su vela