Solo sí es sí: una ley con palos en las ruedas
UN POCO DE HISTORIA
Fue una de las medidas estrella del Gobierno. Uno que se ha definido como feminista y progresista e hizo de la ley del solo sí es sí su bandera. Pero ¿en qué ha quedado esta ley? La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como ley del solo sí es sí, nació el 3 de marzo de 2020, cuando el Consejo de Ministros dio su aprobación al proyecto del Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. La ley, que todavía no ha sido aprobada, ha sufrido desde entonces innumerables retrasos y contratiempos. Desde el rechazo de algunos ministros del Gobierno, que la calificaron (siempre off the record) de “inconstitucional”, hasta las críticas del Ministerio de Justicia, que acusó a la ley de inventarse tipos penales, de “falta de calidad legislativa”, de reiteración, de inexactitudes e incluso de haber sido escrita con una “redacción farragosa y difícilmente comprensible”. La ley ha sido duramente criticada también por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y debe pasar todavía por el Consejo de Estado. Si el proyecto de Montero logra pasar todos los filtros que le quedan por delante, volverá al Consejo de Ministros para su revisión final y será remitida al Parlamento para su definitiva aprobación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Nadie lo sabe.
¿QUÉ MEDIDAS INCLUYE LA LEY?
La ley del solo sí es sí incluye decenas de medidas que pretenden regular y proteger la libertad sexual de las mujeres. Pero su eje central gira alrededor de dos de esas medidas. La primera es la regulación del consentimiento expreso. De acuerdo con la ley, se considerará que no existe consentimiento “cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”. La segunda medida clave es la supresión de la distinción entre abuso y violación. Su intención es evitar que una violación en la que no haya podido ser demostrada la intimidación o la violencia sea calificada por los tribunales de simple abuso.
SE CONSIDERARÁ QUE NO EXISTE CONSENTIMIENTO CUANDO LA VÍCTIMA NO HAYA MANIFESTADO LIBREMENTE, CON ACTOS INEQUÍVOCOS, SU VOLUNTAD
¿POR QUÉ HA GENERADO POLÉMICA?
Según el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles, la definición de “consentimiento” que hace la ley invierte la carga de la prueba y obliga al acusado a demostrar su inocencia, lo que viola uno de los principios elementales del derecho: el de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y otro problema: ¿cómo se demuestra que ese consentimiento, incluso explícito en un inicio, se ha mantenido en el tiempo y durante todo el acto sexual, sin arrepentimiento de por medio? La segunda crítica es relativa a la eliminación de la distinción entre abuso y violación. Supone crear una categoría única de delito sexual y dejar de castigar con una pena mayor a quien comete un delito más grave. En general, se acusa a la ley de falta de realismo al convertir las relaciones sexuales en un procedimiento burocrático y casi notarial destinado a chocar con la realidad y la complejidad de las relaciones humanas.
EL CASO DE LA MANADA
El caso de la Manada es el más representativo de todos los esgrimidos como justificación de la ley. El caso gira en torno a los hechos sucedidos el 7 de julio de 2016, cuando cinco veinteañeros violaron a una joven de 18 años en un portal de un edificio de Pamplona, durante las fiestas de San Fermín. La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Navarra calificaron en primera instancia los hechos de abuso sexual con prevalimiento al considerar que no había existido violencia. Pero el Tribunal Supremo revisó la sentencia y condenó finalmente a los acusados a quince años de cárcel por agresión sexual al estimar que sí había existido intimidación suficiente como para calificar los hechos de violación. Desde entonces, casos similares han saltado a la prensa. Casos en los que un grupo de jóvenes ha abusado o violado a una chica valiéndose de la intimidación grupal y que han acabado convenciendo a una buena parte de la sociedad de que es necesario intervenir legalmente para evitar que la dificultad de demostrar la inexistencia de consentimiento derive en una absolución de los agresores o en su condena por un delito menor.
¿Y FUERA DE ESPAÑA?
Pese a la creencia de que España no sanciona las agresiones sexuales con suficiente dureza, el nuestro es uno de los países europeos que lo hace con las penas más altas. Aun así, la ley del solo sí es sí nos equiparará a los diez países europeos que ya cuentan con leyes similares: Portugal, Grecia, Islandia, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Chipre, Luxemburgo, Bélgica y Grecia. La ley del Ministerio de Igualdad pretende ser, además, la adaptación de la legislación española al Convenio del Consejo Europeo sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica que se aprobó en Estambul en agosto de 2014 y que hasta el momento no había sido desarrollado en su totalidad en España (en parte, porque muchas de sus disposiciones ya estaban contempladas por el derecho español actual).
LA TRASTIENDA POLÍTICA
Al fondo de las dificultades con las que se topa la ley figura también la batalla entre los dos tipos de feminismo que defienden el PSOE y Podemos, los dos socios de la actual coalición de gobierno. En la batalla por el liderazgo del movimiento feminista laten las dos visiones de la mujer que defienden socialistas y morados. Los primeros defienden un feminismo clásico, ortodoxo. Los segundos defienden la simpatización con las teorías queer, que sostienen que las identidades, género y orientaciones sexuales derivan de construcciones sociales. Para el PSOE, esa lógica a la conclusión de que las mujeres no existen como tales y que el feminismo no tiene, por tanto, sentido. Según el partido socialista, las leyes de Podemos acabarán desdibujando a la mujer y convirtiéndola en algo así como una construcción social sin rasgos definitorios.