¿Más cargas administrativas? No, gracias
El silencio administrativo ha caracterizado el final del plazo otorgado por el Estado a las comunidades autónomas en el Real Decreto 180/2015, por el que se concedía a las autonomías un año, en su disposición adicional segunda “Movimientos de residuos en el interior de una comunidad autónoma”, para establecer un régimen adecuado de vigilancia y control de los movimientos de residuos realizados exclusivamente dentro de su territorio. Aunque la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) siempre se ha opuesto a que esta norma se aplicara a estos traslados internos, debido a la gran carga administrativa para las empresas que esto supone.
El pasado 9 de mayo finalizaron esos 12 meses dispuestos y los gobiernos autonómicos se debaten ahora entre aplicar directamente en su territorio el Real Decreto o seguir estudiando la normativa para establecer una regulación con carácter autonómico.
La Federación ha seguido el proceso desde la publicación del Real Decreto 180/2015 para asesorar a sus asociados sobre los distintos regímenes aplicados por las comunidades autónomas.
Ante el silencio reinante por parte de las autonomías, optamos directamente por preguntar una por una cuál sería la decisión a seguir individualmente.
Las respuestas chocan de lleno con la armonización legislativa que reclama FER para evitar nuevas cargas burocráticas. Si bien la mayoría de los gobiernos autonómicos apli- carán directamente lo dispuesto por el Real Decreto, todavía hay mucha incertidumbre entre los gestores sobre cómo se va a aplicar o no, los procedimientos a seguir...
De las nueve comunidades autónomas que amablemente contestaron a la solicitud de información de la Federación, cuatro han respondido que aplicarán directamente lo dispuesto en el Real Decreto 180/2015 (Cantabria, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana). Aragón, Madrid, Cataluña, La Rioja y el País Vasco o bien están en fase de estudio o bien establecerán un régimen propio.
Un déjà vu para los recuperadores
¿Qué lectura podemos sacar de todo este proceso? Pues simple y llanamente una sensación de déjà vu para los
“Los gobiernos autonómicos se debaten ahora entre aplicar directamente en su territorio el RD 180/2015 o seguir estudiando la normativa para establecer una regulación con carácter autonómico” “Cada trasposición o adaptación normativa siempre termina en nuevas cargas administrativas para el sector”
“Todo lo positivo que incluye cada nueva norma enseguida queda oscurecido por esas cargas burocráticas a las que el sector debe hacer frente” “Desde FER siempre hemos apostado por el diálogo y el entendimiento como única vía de solución de FRQÁLFWRVµ
recuperadores. Cada trasposición o adaptación normativa siempre termina en nuevas cargas administrativas para el sector y sobre sus espaldas recaen nuevos papeles que rellenar, nuevos registros, duplicidades entre las distintas administraciones y más y más tiempo y dinero dedicado a cumplir con los trámites burocráticos.
Resultado: todo lo positivo que incluye cada nueva norma enseguida queda oscurecido por esas cargas burocráticas a las que el sector debe hacer frente con estoicismo y que desde la fundación de FER, allá por 1982, venimos constatando que han ido en aumento y que constituyen un grave problema para el sector, poniendo en riesgo incluso la propia viabilidad económica de las empresas recuperadoras.
Apuesta por el diálogo
¿Cuáles son las soluciones a todo este embrollo burocrático, legal y, por ende, económico? Desde FER siempre hemos apostado por el diálogo y el entendimiento como única vía de solución de conflictos.
Somos conocedores de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está trabajando, por ejemplo, en el registro único de producción y gestión, que servirá para unificar la información procedente de los registros de las comunidades autónomas.
La Federación seguirá luchando para que tanto en este registro como en cualquier otro, o en las mencionadas plataformas informáticas, se cumplan las demandas de los gestores de residuos: homogeneizar la información requerida, centrándose sólo en lo que demanda la normativa; desarrollar un registro único para la información que requieren las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades ambientales; posibilitar la transmisión de información de forma telemática mediante cargas masivas de datos facilitando, además, la adaptación a los programas que ya tienen instalados los gestores; desarrollar procedimientos sencillos a aquellas empresas sin medios telemáticos para poder cumplir con su obligación de suministro de información; y, por último, garantizar la confidencialidad de los datos suministrados.