Los desafíos de la gestión de RAEE en Europa
La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) supone para Europa y, por ende, también para España una serie de desafíos ante las normativas a las que debe enfrentarse el sector. Desde European Recycling Platform (ERP) confían en el compromiso común para una transición exitosa hacia la economía circular y esperan “con optimismo y prudencia” que las cifras de reciclaje de RAEE en Europa protagonicen un incremento significativo en los próximos años.
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La situación del reciclaje de RAEE en Europa se encuentra en estos momentos en un periodo de inflexión clave, después de que haya finalizado el plazo para que los distintos Estados miembros de la Unión Europea (UE) traspusieran a sus ordenamientos jurídicos la Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 2012/19/UE. Dicha Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También pretende ofrecer un marco normativo que ataje los problemas más graves a los que se enfrenta la gestión de RAEE: los desvíos a gestores no autorizados y exportaciones encubiertas de RAEE a países del tercer mundo.
Dicha Directiva marca, como uno de sus objetivos principales, que en 2016 cada país debe reciclar el 45% del volumen medio de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en los últimos tres años, o lo que es lo mismo, los aparatos vendidos en todo el país. Esto representa un objetivo global mínimo para España de unas 254.000 toneladas de RAEE gestionadas correctamente. Sin embargo, el Real Decreto español que transpone la Directiva es más exigente aún y establece cumplir el objetivo específicamente en cada una de las 10 categorías de aparatos eléctricos y electrónicos definidas en la normativa (aparatos de informática, aparatos de alumbrado, grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, etc.), en cada uso (doméstico y profesional) y en cada una de las 19 comunidades y ciudades autónomas.
Los propósitos, como vemos, son muy ambiciosos pero la realidad a la que se enfrenta la normativa es mucho más compleja. Los últimos informes desvelan que la cantidad de RAEE que es tratada de forma ilegal o enviada fuera de Europa mediante exportaciones ilegales de residuos es elevada. Datos recientes arrojados por el último informe del Proyecto CWIT (Countering WEE Illegal Trade) confirman que sólo un tercio (un 35%, es decir, 3,3 millones de toneladas) de todos los RAEE generados en 2012 en Europa se recicló en las condiciones exigidas. Dichos desvíos supondrían, según este estudio, una pérdida económica total que asciende a 1.700 millones de euros al año. Y si dirigimos nuestra mirada al resto del planeta, las cifras son bastante peores: el informe “Global E-Waste Monitor 2014”, elaborado por United Nations University (UNU), revela que en 2014 se generaron 41,8 millones de toneladas de RAEE en todo el mundo y que sólo 6,5 millones de toneladas fueron gestionadas correctamente a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.
Además, la gestión ilegal de los RAEE tiene otras consecuencias negativas como las derivadas de los problemas de salud y de la contaminación ambiental. De hecho, ERP, como sistema de responsabilidad ampliada del productor y primera organización paneuropea en aplicar las normas de la UE sobre el reciclaje de RAEE, lleva muchos años advirtiendo de los graves daños económicos y ecológicos que se derivan de una deficiente gestión de los residuos.
En ocasiones, las exportaciones de residuos se disfrazan de donaciones o ventas de segunda mano de aparatos, cuando la realidad es lamentablemente bien distinta. Por ello, la nueva normativa de RAEE a nivel europeo impone restricciones a este tipo de transacciones. Aunque las imágenes de los vertederos descontrolados en países subdesarrollados nos conmocionan a todos, la mayor parte de la gestión ilegal de nuestros RAEE ocurre dentro de la UE. En una reciente investigación llevada a cabo, entre otros organismos, por la Interpol y financiada por la UE, se alerta de que por cada RAEE que se exporta ilegalmente hay 10 que se pierden en el circuito europeo. Este dato indica que, al menos en cuanto a cantidad, el mayor problema con la gestión sub-estándar de RAEE lo tenemos dentro de nuestras fronteras.
Conscientes de la gravedad de estas cifras y de la necesidad de mejorarlas, todos los Estados miembros de la UE se enfrentan ahora a la obligación de cumplir con los objetivos fijados por la nueva Directiva. No en vano, la aplicación de la gestión obligatoria de los residuos electrónicos de acuerdo con las normas aprobadas por la UE es la acción más importante para abordar los problemas a los que el sector se enfrenta. Sin embargo, consideramos que ésta sólo puede ser garantizada por los sistemas de gestión autorizados con experiencia en diferentes países y regiones.
Residuos como recursos
En relación a la gestión del reciclado en Europa, la nueva legislación ha puesto sobre la mesa la creciente importancia que está adoptando el concepto de economía circular en la UE: una concepción destinada a marcar definitivamente el desarrollo de las políticas de gestión de residuos en toda Europa. La economía circular tiene como objetivo que el valor de los productos, materiales y recursos permanezca en el círculo económico durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se enfatiza la importancia del concepto de “residuo cero”, unido al de las tres “R” (reducir, reutilizar, reciclar), ya que se pretende que los materiales utilizados para la fabricación de aparatos vuelvan a entrar en el sistema gracias al reciclaje, y la reutilización y la economía eficiente de los recursos.
Residuos como recursos: ése es el paradigma. La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas y en nuevos productos. Por ello, una de las novedades de la Directiva es que los fabricantes deben tener en cuenta el reciclado y la reutilización a la hora de diseñar sus productos, favoreciendo su durabilidad y su potencial reutilización.
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En ese horizonte de economía circular cobra aún más importancia el concepto de “responsabilidad ampliada del productor” que se aplica, entre otros residuos, a los RAEE. Se trata de una estrategia de política ambiental que hace recaer en los fabricantes e importadores una responsabilidad que va más allá del momento de venta de los productos que ponen en el mercado y llega al fin de su vida útil. En aplicación del principio de política ambiental por excelencia, “Quien contamina, paga”, la responsabilidad ampliada involucra directamente a los productores en la prevención y en la ges- tión de los residuos en que se conviertan sus productos, disminuyendo el impacto que puedan tener.
Con la mirada puesta en facilitar la transición a esta economía circular, la Comisión Europea ha adoptado recientemente un ambicioso paquete de medidas en todos los sectores que incluyen 6.000 millones de euros en financiación y la previsión de creación de más de 170.000 empleos directos de aquí a 2035.
A pesar de este impulso, que tenemos que ver cómo se va concretando, todavía se pueden mejorar muchas cosas en la gestión de residuos en Europa. Por ejemplo, creemos necesario que la UE publique una serie de reglas comunes y armonizadas que definan claramente los roles y responsabilidades de cada actor: productores, organizaciones, operadores de residuos y autoridades locales, para impedir, en la medida de lo posible, que los intereses individuales perjudiquen los principios medioambientales. Instamos también a los gobiernos a garantizar una competencia justa y a prevenir la “piratería” (los llamados free-riders u operadores incumplidores que se aprovechan de un sistema sostenido por otros que sí cumplen y que son perjudicados por los primeros) con el fin de aprovechar todos los beneficios posibles para el medio ambiente y para el consumidor.
Creemos también que los gobiernos de cada país deben organizarse para gestionar adecuadamente la responsabilidad ampliada del productor para, entre otros asuntos, registrar y monitorizar a los Sistemas de Responsabilidad Ampliada de forma transparente y combatir a los free-riders, a la vez que se asegura un acceso justo al residuo, así como libertad de movimiento para el mismo, en cada Es-
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tado miembro y en toda la UE en general. Lógicamente, ello tiene que ir aparejado con un sistema sencillo y estandarizado que rastree los flujos de RAEE de forma adecuada, asegurando su completa trazabilidad. En este sentido, la implementación de una herramienta de estas características, tal como se define en el Real Decreto de RAEE español, es una iniciativa que tiene todo nuestro apoyo.
Somos conscientes de que la responsabilidad de mejorar las cifras de recogida de RAEE en Europa no debe recaer únicamente en las autoridades y en los productores y los organismos que utilizan éstos para dar cumplimiento a esas obligaciones, como ERP. Nosotros siempre hemos dedicado muchos esfuerzos a desarrollar con éxito numerosas campañas de comunicación, enfocadas a la concienciación ciudadana, y programas educativos para las escuelas, las autoridades locales, las empresas y otras organizaciones, con el objetivo de convencer a la sociedad europea en su conjunto sobre la importancia del reciclaje. ERP dedica de media alrededor de un 7% de su presupuesto anual a acciones de comunicación.
En conclusión, esperamos con optimismo, aunque también con prudencia, que en los próximos años podamos asistir a un significativo incremento de las cifras reciclaje de RAEE en Europa gracias, no sólo al cumplimiento de la exigente legislación, sino al progresivo aumento de la sensibilización sobre el reciclado por parte de todos: ciudadanos, productores, distribuidores, transportistas, gestores y las administraciones. En ERP tenemos claro que el compromiso común es la clave para una transición exitosa a la economía circular, imprescindible para la conservación de los cada vez más escasos recursos naturales de nuestro planeta.