NO MáS TIEMPOS MUERTOS

Con el año 2017 se ha cerrado un ciclo político en el que se han sucedido dos elecciones generales y unas elecciones autonómicas en Cataluña, colofón de una disparatada deriva cuyos nefastos efectos están empobreciendo social y económicamente a Cataluña y decelerando el crecimiento en el conjunto de España. Este período de dos años ha supuesto, de hecho, un bloqueo político, que sin que sea posible saber cómo se hubieran desarrollado las cosas sin él, ha permitido un crecimiento económico en el entorno del 3% anual, fuerte creación de empleo y la superación de algunos de los peores efectos de la crisis. A la continua caída de la actividad productiva y a un desbocado aumento del desempleo, se unieron un fuerte ajuste de las cuentas públicas, el deterioro de la mayoría de los indicadores económicos, riesgos en el sistema financiero y el crecimiento del déficit público por la desviación de Comunidades Autónomas, entidades locales y por la bajada del PIB. Hoy, es evidente que los riesgos son menores y que los indicadores económicos han virado del rojo al negro. Pero lo que podría suponer un horizonte económico despejado que cimentase la confianza de consumidores y empresarios para seguir con la progresiva recuperación del consumo y la inversión privados, no es tal. La situación ha mejorado gracias, fundamentalmente, a los esfuerzos de particulares y empresas, pero la insensata insistencia en el enredo catalán no ha permitido otra dedicación y el proceso -éste si serio y trascendental- de reformas económicas que permitan consolidar el crecimiento no ha recibido ningún impulso relevante, ni se han concretado medidas para fomentarlo. La política se ha olvidado de mucho de lo que es importante e incluso de lo urgente y sigue teniendo mucho camino por recorrer en la racionalización del gasto público, en la defensa de la unidad de mercado y en la aplicación de medidas de impulso del crecimiento para generar confianza, facilitar el crédito, reducir impuestos e impulsar el consumo y la inversión. Hay que volver a insistir en todo lo que eso exige, empezando por un entorno normativo único, sencillo y previsible para las empresas, y un escenario político y legislativo estable que no actúe como un obstáculo a la inversión y permita movilizar fondos internos y atraer los externos hacia la innovación y la competitividad. Sobre la base de un mercado interior con la suficiente masa crítica, es necesario recuperar el esfuerzo inversor en infraestructuras productivas, incorporando fuentes de inversión privada, y reactivar el acceso de las empresas a la financiación. Que sigan creciendo la cantidad y al calidad del empleo exige una fiscalidad adecuada para reducir el Impuesto sobre Sociedades, especialmente para las pymes, de manera que la presión fiscal no desincentive la asunción de riesgos y la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos. La reforma del sistema de producción y distribución energética, crucial para las empresas, especialmente industriales, sigue pendiente, y urge que la energía no dependa de decisiones políticas y cargas externas, para ofrecer una competencia real entre compañías productoras y comercializadoras que permita trasladar la eficiencia energética al mercado y desarrollar las infraestructuras necesarias, garantizando el suministro y la protección medioambiental. Buena parte de nuestra competitividad futura se juega en el terreno de la innovación y su marco normativo y fiscal debe adecuarse a las necesidades productivas, para que la inversión en investigación, desarrollo e innovación en España sea más atractiva. En paralelo, mejorar productos y procesos, innovar y competir, será imposible sin un personal cualificado y capaz de formarse y adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias competitivas a lo largo de toda su vida laboral. En el ámbito laboral, es imprescindible que los salarios evolucionen con la productividad y que se favorezcan mercados laborales dinámicos, flexibles e inclusivos, en los que las personas puedan acceder a las cualificaciones necesarias de forma que aumenten su empleabilidad y respondan a las necesidades reales de las empresas. España no puede permitirse más tiempos muertos políticos en el largo camino de la modernización de su economía, del que sólo ha recorrido el principio. De ello depende que pueda superar totalmente los peores años de su reciente historia económica y que sea más difícil que vuelvan a repetirse.