No puede haber reformas sin diálogo social
Que la negociación colectiva es el espacio natural del ejercicio de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) y el ámbito apropiado para regular las condiciones de trabajo, parece que debería ser algo compartido por los actores de la misma. Sin embargo, esto no es así actualmente en España.
Razones de oportunismo político y la creencia de que la Reforma Laboral de 2012 no ha contribuido a salir de la crisis y a facilitar la recuperación económica de las empresas y la creación de empleo (cerca de 500.000 empleos anuales) han llevado en los últimos días a pactar al margen de la CEOE, la aprobación de una contrarreforma laboral que retrotrae nuestra normativa laboral a un Paleo- estatuto de los Trabajadores alejado de la realidad económica y social de los tiempos que corren.
Además, y siguiendo esa práctica de ignorar la opinión de los empresarios, CCOO, UGT y el Gobierno han pactado para 2019, tanto una subida (aprobada por Real-Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre) del Salario Mínimo Interprofesional (un 22,3%), como de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social (un 7%), que no tienen en cuenta los requerimientos del mercado y de la inversión productiva. Las consecuencias negativas de todo ello sobre la productividad y competitividad de las empresas, y sobre el empleo, no tardarán en manifestarse.
La subida del salario mínimo burla el Acuerdo del Gobierno anterior con los agentes sociales de 26.12.2017. La contrarreforma acordada se salta, igualmente, lo establecido en el IV AENC sobre la renovación y actualización de los convenios colectivos, toda vez que se recupera la ultraactividad estableciendo la petrificación de la negociación colectiva mediante el restablecimiento de la prórroga automática de los convenios, manteniendo su vigencia ilimitada hasta que no se pacte un convenio nuevo.
Del mismo modo, buena parte de los denominados “Acuerdos alcanzados en el ámbito bipartito que deben ser desarrollados en el ámbito tripartito con el Gobierno de España”, relacionados en el Anexo del IV AENC, han quedado en papel mojado al haberse pactado al margen de la CEOE.
Ante dichas prácticas de ruptura unilateral del diálogo social por parte del Gobierno y los sindicatos, desde Confemetal no cabe expresar más que sorpresa, indignación y preocupación.
Especial incertidumbre genera la reforma que se anuncia del art. 42 ET, especialmente por lo que e refiere a dos elementos: el concepto de propia actividad, que es casuístico, debiéndose corresponder con el ciclo productivo, siendo erróneo identificarlo con el objeto social; y el concepto de convenio colectivo aplicable, en el que se plantea la aplicación del convenio de la empresa principal a las contratas o subcontratas, lo cual supone una agresión sin precedentes a la negociación colectiva y, en especial, a los convenios colectivos sectoriales.
Del mismo modo, desaparece otra de las enseñas de la reforma laboral de 2012, la demonizada por los sindicatos prioridad aplicativa de los convenios de empresa, al derogarse el artículo 84.2 del ET.
En definitiva, la ruptura del diálogo social no es beneficiosa para la economía ni para la estabilidad sociolaboral. El Gobierno no debería inmiscuirse en dichas reuniones, ni menos aún posicionarse del lado de los sindicatos. No obstante, no deja de ser ésta una decisión política que legítimamente afectará a nuestro entorno empresarial, en este caso de forma muy negativa, pero que los sindicatos secunden la ruptura del mismo, no deja de ser desalentadora.
Pactar condiciones laborales sin tener en consideración la opinión de quienes crean y mantienen el empleo es no querer entender lo que la crisis ha provocado y que, por ejemplo, hace que a día de hoy todavía queden por recuperar numerosas empresas y empleos para llegar a las cifras previas a la misma.
La subida de los salarios, de los impuestos y del empleo, inevitablemente depende de la competitividad, por lo que menoscabar ésta es contraproducente. Es la hora de la sensatez, para lo cual es necesario redireccionar el diálogo social y recuperar el diálogo social bipartito, presentando el resultado de éste al Gobierno.