La economía no puede esperar más
Tras las elecciones del pasado 10 de noviembre que dejaron como resultado un equilibrio parlamentario muy similar al que llevó a la nueva convocatoria electoral , y una fragmentación aún mayor, está abierto, incluso antes de la constitución de las cámara, el proceso de negociaciones para conformar la probable mayoría que dé apoyo a un gobierno imposible. No parece que ese hipotético gobierno tenga entre sus prioridades los graves problemas que lastran nuestra economía, cuyas consecuencias se agravarán si se asienta la deceleración que ya se ha iniciado. El desempleo, el descontrol del gasto, la productividad, la competitividad de nuestra economía o la sostenibilidad del estado del bienestar, muy especialmente de las pensiones, no están entre los temas centrales de la negociación. Sin embargo, la economía española, que es tanto como decir la prosperidad futura del país, afronta grandes desafíos que dependiendo de cómo la política se enfrente a ellos determinarán el progreso y el bienestar de los ciudadanos. En un momento en el que los factores catalizadores de la recuperación han perdido fuerza, los desequilibrios de la economía española se hacen de nuevo patentes y es más urgente abordar reformas que permitan fortalecer la capacidad de crecimiento económico. El primero de los problemas que debería afrontar el nuevo gobierno será el de la deuda exterior, superior al 70 por ciento del PIB. Y no hay fórmula más segura que reforzar la productividad y la competitividad de nuestra economía. Incrementar los costes y castigar los beneficios de las empresas es, por el contrario, la receta perfecta para profundizar en esta debilidad. El desempleo es el desequilibrio crónico más duradero de nuestra economía y el que más coste social tiene, especialmente entre los jóvenes y los que afrontan la última etapa de su trayectoria laboral. Además de perjudicar gravemente la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones públicas. Proponer contrarreformas laborales para volver a la rigidez es la peor solución para fomentar el empleo. La evolución de la sostenibilidad del sistema de pensiones augura dificultades sociales y supone la mayor amenaza para la estabilidad de unas cuentas públicas a las que la deuda y el déficit público hacen muy vulnerables. Las soluciones que proponen los previsibles miembros de la mayoría gubernamental, chocan contra toda lógica económica y dejar las soluciones realmente eficaces para un mejor “momento político” solo obligará a tomar medidas más drásticas y dolorosas. Tampoco el necesario refuerzo de la unidad de mercado que, fragmentada, es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta la actividad económica y muy especialmente la del sector industrial, figura entre las actuales prioridades políticas. Muy al contrario, las tensiones territoriales que trufarán el probable gobierno, harán que se profundice en esa fragmentación normativa y fiscal, perjudicando la competitividad de las empresas. En último lugar, pero sin que ello suponga menor relevancia, es imprescindible afrontar una reforma educativa, en todos los escalones y asegurarse de que, aparte de su idoneidad para resolver los problemas de adecuación de la formación a las necesidades reales de la economía y la sociedad, se desarrolle con el suficiente consenso para permitir que se mantenga en el tiempo de modo que pueda producir beneficios sobre la estructura productiva y reducir el desempleo. No son estos los únicos desafíos. La energía, el tratamiento de la innovación, la política exterior que puede determinar para bien y para mal la internacionalización de la economía española, el sistema financiero, una reforma fiscal acorde a las exigencias de la competitividad, la liberalización pendiente en determinados servicios o la extensión de la digitalización a todo el tejido económico, también deberían estar en una agenda política que, sin embargo, se encuentra atrancada en cuestiones que sin ser menores postergan, las de mayor trascendencia para la actividad productiva.