Horizonte 2027
Los cambios sustanciales en el reglamento de MotoGP se gestionan en periodos de cinco años y lleva la voz cantante la MSMA, o asociación de fabricantes que está compuesta por las cinco marcas presentes en MotoGP. En el aspecto técnico la categoría reina goza de una estabilidad normativa desde hace una más década que ha sido una de las claves de la recuperación de MotoGP. El germen del actual reglamento se puso en marcha en 2012, cuando la MSMA aceptó poner punto y final a las detestadas MotoGP de 800 cc, y hacer efectivo el aumento de cilindrada a los 1.000 cc, regulando el número máximo de cilindros (4) y el diámetro máximo del pistón (81 mm). Se ponían las primeras bases hacía la uniformidad mecánica y la contención de gastos, que permitió repoblar las parrillas primero con la creación de las subcategorías CRT y Open, y más tarde con la entrada de nuevos fabricantes (Suzuki, Aprilia y KTM). El actual reglamento técnico, aprobado en 2022, bebe de aquel de 2012 y durará hasta 2026. Aunque poco se parecen las actuales MotoGP a las primeras ‘mil’, repletas de aerodinámica y los dispositivos de altura.
Y precisamente estos aspectos son los que se quieren regular en el nuevo reglamento técnico que arrancará en 2027 y sobre el que ya se está debatiendo. Parece que hay quorum a la hora de eliminar los dispositivos de altura y el ‘ holeshot’ en las salidas y también para limitar más aún el desarrollo aerodinámico, un melón que una vez abierto no tiene fin y que puede suponer una ingente cantidad de inversión, justo cuando se pretende la contención de gastos. Lo que no está tan claro es que se vaya a reducir la cilindrada de 1.000 a 850 cc, aunque también es un asunto que está sobre la mesa. El objetivo es reducir prestaciones y velocidad, y al mismo tiempo devolver protagonismo al piloto.
Lo que ya está aprobado es que a partir de 2027 se completará camino iniciado esta temporada para eliminar los combustibles fósiles en las tres categorías. Los combustibles se crearán en laboratorios, usando componentes obtenidos de programas de captura de carbono, o se elaborarán a partir de residuos municipales o biomasa no alimentaria, para reducir a cero la huella de carbono (entre 2024 y 2026 tendrá como mínimo un 40 % de un origen no fósil).